Ante el comunicado de la Fiscalía General de la República de Cuba sobre los procesos penales asociados al estallido social de julio de 2021, difundido este martes en la prensa oficial, la organización independiente Justicia 11J respondió exigiendo mayor transparencia.
"Este gesto, a más de seis meses de los hechos y del inicio de los procesos penales y administrativos, constituye una respuesta evidente a los reclamos de la sociedad civil en torno a las detenciones, desapariciones y juicios, que en las últimas semanas han ocupado titulares en varios de los más influyentes medios de prensa internacional", consideró Justicia 11J en un comunicado publicado en su página en Facebook.
La Fiscalía reconoció que, hasta ahora, 790 personas han sido "instruidas de cargo por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden" y el 21 por ciento de ellas tenían antecedentes penales.
En su nota, la institución precisa que ha recibido117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, y 110 de estos se han presentado ya a los tribunales 110 expedientes. El 69 por ciento de los acusados, agregó, había sido asegurado con la medida cautelar de prisión provisional.
De esos 790 participantes en las protestas, 115 tienen entre 16 y 20 años de edad: 55 se encuentran entre 16 y 18 años de edad y 60 tienen entre 19 y 20 años de edad. Del primer grupo quedaron en prisión provisional 28, mientras que, del segundo, 41.
"A partir de las posibilidades que brinda la ley y como resultado de la práctica de las pruebas en los actos de juicio oral, el reconocimiento de los hechos, el arrepentimiento mostrado y la condición de estudiantes, a 18 de estos acusados (de los que tienen entre 16 y 18 años de edad) la Fiscalía les modificó la solicitud de sanción, por otras de menor severidad", afirmó el órgano de justicia.
Por su parte, Justicia 11 J resaltó indicó que sus registros alcanzan entre el 50 y el 75 por ciento de los datos comunicados por la Fiscalía General de la República. Algo que "confirma las sospechas de la sociedad civil de que las cifras de detenciones y procesos penales fuese mucho mayor que la que hasta ahora se ha podido documentar, y a la vez, dispara aún más las alarmas sobre la desprotección ante las constantes violaciones de derechos a que dichas personas no contabilizadas e identificadas se pudiesen enfrentar", alertó.
En sus estadísticas, ya hay 520 personas con petición fiscal o que han sido sometidas a juicios ordinarios o sumarios, incluidas en más de 40 expedientes de fase preparatoria.
"De estas personas, 431 fueron aseguradas con la medida cautelar de prisión provisional (un 82 por ciento); 67 tienen entre 16 y 20 años de edad, de las cuales 52 han permanecido bajo prisión provisional (77 por ciento)", puntualizó.
La organización advirtió la Fiscalía solo mencionó a personas que enfrentan o han enfrentado procesos penales, y aquellos expedientes que le han sido presentados, por lo cual "omite los acusados que aún permanecen en fase de investigación o a cargo del MININT, o sea, en una fase intermedia del proceso penal"
"Sobre este particular, deben ser observados casos como el del menor Jonathan Torres Farrat, cuyo expediente de fase preparatoria y petición fiscal aún no han sido entregados a su abogado. Alertamos sobre la posibilidad de que esta arbitrariedad y violación del debido proceso pueda estarse perpetrando en particular sobre los 45 jóvenes entre 16 y 20 años, así como el resto de manifestantes, de los que aún desconocemos su estatus legal", destacó.
Para Justicia 11J es necesario que también exista transparencia sobre el total de personas detenidas por los sucesos de julio y las liberadas con sanciones administrativas (multas) o cartas de advertencia, sin cargos, o beneficiadas con sobreseimiento.
"Nuestro grupo ha logrado documentar un total de 1,384 personas detenidas, 135 entre 12 y 20 años de edad, siete menores de 16 años, 72 entre 16 y 18 años, y 56 entre 19 y 20 años", especificó el comunicado.
Además, las activistas miembros del grupo de trabajo han confirmado que" de las 621 personas excarceladas, 50 fueron puestas en libertad inmediata sin cargos (seis entre 16 y 20 años), y se impusieron 103 multas (11 sancionados tienen entre 16 y 20 años y uno de ellos fue herido por arma de fuego durante la manifestación)".
"Como parte de la caracterización negativa emitida por la Fiscalía sobre los manifestantes, se menciona que el 21 por ciento de las personas que han enfrentado o enfrentan procesos legales poseen antecedentes penales. Consideramos oportuno señalar el 79 por ciento que carecen de tales antecedentes", resaltó Justicia 11J.
El comunicado llamó a recordar "que a lo largo de estos meses se han denunciado irregularidades en el proceso de conformación de los expedientes de fase preparatoria, a partir de los cuales se adjudican a los manifestantes delitos anteriores que, o bien tienen una antigüedad de más de diez años (que debieron ser cancelados de oficio), o que nunca fueron cometidos ni tratados por la ley, así como descripciones que no se corresponden con la actitud de los detenidos".
"Así mismo, es preciso señalar la naturaleza tendenciosa de mencionar 'hospitales' entre los establecimientos estatales supuestamente vandalizados. Hasta la fecha, no existe evidencia audiovisual, o menciones en los expedientes de fase preparatoria, que den cuenta de los hospitales pediátricos, maternos y oncológicos que, según los medios de propaganda oficial, fueron apedreados durante las protestas", cuestionó.
"Por otro lado, la Fiscalía no hace referencia a la violencia policial ejercida contra los manifestantes, en particular el oficial Yoennis Pelegrín, responsable de la muerte de Diubis Laurencio en el barrio La Güinera. Esto da cuenta del procesamiento selectivo de sólo a una parte de la población que participó en las protestas", añadió.
En cuanto a la imputación del delito de sedición, la organización valoró que no está en correspondencia con lo tipificado en el artículo 100 del Código Penal, "con lo cual queda demostrada, una vez más, la conveniente y arbitraria elección de este delito político —contra la Seguridad del Estado— como mecanismo ejemplarizante, ante el panorama de crisis generalizada en el país, durante los meses posteriores a la protesta".
La declaración también exigió transparencia y respeto al derecho a la publicidad de los procesos legales, que sean televisados en directo y sin edición los juicios a los manifestantes, así como la presencia de la prensa internacional acreditada en territorio nacional.
"Exigimos nuevamente que se inicien de inmediato procedimientos de sobreseimiento libre y definitivo para los casos en fase preparatoria, así como la revisión de causas a quienes han sido juzgados, que termine en su absolución", concluyó.
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