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El preso cubano Yosvany Rosell García Caso, manifestante del 11J, abandonó la huelga de hambre que inició hace 17 días en la cárcel de Holguín donde está recluido.
Su esposa Mailin Sánchez informó en su muro de Facebook que Yosvani ya había comido y que se encuentra estable.
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"Quiero agradecer a todo el que se preocupó por mi esposo, que estuvo 17 días en huelga por encontrarse en desacuerdo con la alta petición fiscal, que le piden de 30 años injusticia cometida, apartándolo de sus hijos que lo necesitan", subrayó.
Yosvany, de 33 años y padre de tres hijos menores, se había negado a tomar medicamentos y a recibir atención médica para su hipertensión y sus problemas cardiovasculares.
"Ahora toca recuperar fuerzas, a pesar de encontrarse en ese horrible lugar, pero veremos si toda esta pesadilla por la que mi familia se encuentra pase rápido. Me siento muy agradecida con todos, mil gracias", añadió.
García Caso enfrenta una posible sanción de 30 años de privación de libertad por el delito de sedición, por ejercer su derecho a manifestarse el 11 de julio.
"Sigo y seguiré pidiéndole al mundo LIBERTAD y justicia para mi esposo Yosvany Rosell García, padre joven de familia estable, unida, que sus hijos necesitan que haya justicia, porque no existe en él ningún delito de sedición como quieren imponer, manifestarse y expresar no es delito. Es inocente", recalcó Mailin en otro post.
El 14 de enero, al terminar el juicio donde la Fiscalía ratificó la solicitud de 30 años de privación de libertad, García Caso y otros nueve presos políticos en Holguín se plantaron en protesta por las peticiones excesivas, que van de 22 a 30 años.
"Mi esposo me acaba de comunicar que apenas se acaben los juicios se va a plantar en huelga de hambre para exigir sus derechos, que les han sido arrebatados por exigir democracia y libertad para el pueblo de Cuba", anunció Mailin Sánchez en aquella ocasión.
Tras 72 horas de iniciada la huelga, varios familiares fueron citados a la Prisión Provincial, donde están recluidos los manifestantes del 11J, para advertirles de las consecuencias de su acción, y les hicieron firmar un documento "para salvarle la vida en caso de que les sucediera algo", reveló Mailin.
Como represalia, las autoridades del penal les cortaron a los plantados toda comunicación con sus familias, y en su lugar, designaron un oficial de la Seguridad del Estado que supuestamente las mantendría informadas por teléfono de la evolución de los huelguistas.
En un mensaje que envió antes de comenzar su juicio, García Caso aseguró que se "iba a plantar para que tengan que tomar una medida justa conmigo, ya que todo lo que están haciendo es arbitrario y violando todos nuestros derechos. Yo no he cometido delito y me voy a plantar hasta las últimas consecuencias".
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