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El gobierno dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua es responsable del cierre de cinco universidades y 11 organizaciones no gubernamentales, por supuestos incumplimientos en la política directiva y financiera de esas instituciones.
La última casa de estudios superiores víctima de la política represiva del régimen nicaragüense fue la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), escenario en 2018 de protestas encabezadas por estudiantes contrarios al presidente Ortega.
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La cancelación de la licencia de operación de estas universidades y de la personería jurídica a las ONG fue solicitada por el propio gobierno y aprobada de inmediato por la Asamblea Nacional (bajo control de los sandinistas).
Según la agencia española de noticias EFE, el decreto gubernamental alega -entre las razones para la suspensión- que “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro" del Ministerio de Gobernación, o que su "junta directiva se encuentra acéfala".
Entre las ONG canceladas sobresalen tres europeas y tres estadounidenses, que ya no contaban con el beneplácito de la dupla represiva de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, encargados además de encarcelar a buena parte los candidatos de la oposición a las elecciones generales de noviembre de 2021.
La Universidad Politécnica de Nicaragua fue centro del estallido social contra el ejecutivo sandinista en abril de 2018. En la institución educativa, ubicada al este de Managua, ocurrieron enfrentamientos casi diarios entre estudiantes y policías; los primeros utilizando morteros artesanales y los segundos con fusiles de guerra AK-47, M16 o Dragunov. Los choques dejaron un saldo lamentable de al menos 10 muertos, en su mayoría jóvenes universitarios.
Luego de que los manifestantes abandonaran la UPOLI, se produjo un saqueo de sus instalaciones y varios días más tarde, una protesta masiva para demandar la dimisión de Ortega y Murillo, a los que acusaron de represión y violación de los derechos humanos.
Hasta el momento, el régimen nicaragüense ha ordenado el cierre de 80 entidades locales. La mayoría de estas ilegalizaciones ocurren en respuesta a la crisis social y de gobernabilidad que vive el país centroamericano, la cual suma además 355 muertos, según cifras divulgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En enero de 2022, Ortega y Murillo se instalaron nuevamente en el poder, tras comicios llenos de irregularidades y criticados por diferentes gobiernos, como los de Estados Unidos y España. A la toma de posesión apenas acudieron delegaciones internacionales y de América Latina, uno de los pocos asistentes fue el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
"Volvemos a la entrañable Managua, capital de Nicaragua, otra nación soberana que se salió del traspatio imperial. Venimos cargados de solidaridad a la toma de posesión del hermano Daniel", dijo Díaz-Canel en su cuenta de Twitter al anunciar su llegada a la capital nica.
"En nombre del pueblo cubano, del gobierno cubano, del General de Ejército Raúl Castro, queremos trasladar al pueblo nicaragüense todas las felicitaciones por la magnífica victoria alcanzada el 7 de noviembre. Es una victoria no solo de Nicaragua, es una victoria que tiene un alto significado para las fuerzas de izquierda y los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe", afirmó el dictador castrista, quien viajó a bordo de un jet privado, un Dassault Falcón 900 con matrícula YV-2053, uno de los tres aviones valorados en 100 millones de dólares que el fallecido Hugo Chávez obsequió al gobierno de Cuba en los años 2000.
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