La Dama de Blanco Aymara Nieto Muñoz fue juzgada por videoconferencia este 7 de febrero, en un proceso plagado de irregularidades y de fallos en la conectividad, denunció su esposo, el activista Ismael Boris Reñí.
El juicio sesionó en el Tribunal Popular Provincial de Ciudad de La Habana, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., con la presencia física de cuatro acusadas y familiares, incluyendo Boris Reñí, mientras que Aymara asistía de forma remota a través de videoconferencia desde Las Tunas, donde se encuentra recluida desde marzo de 2020, a más de 600 kilómetros de la capital cubana, donde reside su familia.
“En esta dictadura todo falla”, dijo el activista en referencia a la mala conexión que impedía que Aymara escuchara lo que se decía en el juicio. “Al no oír las preguntas del fiscal, de la defensa, la jueza, y los demás acusados, Aymara todo el tiempo tuvo que interrumpir para ella poder oír lo que pasaba en el Tribunal”.
Para Boris Reñí “fue un juicio manipulado por la seguridad del Estado” para incriminar a la activista y aumentar su condena. Se trata del segundo proceso penal para la también activista de la Unión Patriótica de Cuba desde su detención en mayo de 2018, tras la cual fue acusada y sentenciada, 11 meses después, a cuatro años de privación de libertad por los delitos de atentado y daño.
Ahora enfrenta cinco años más porque el régimen pretende involucrarla como promotora del motín de 2020 en la cárcel del Guatao, que provocó un incendio en medio del cual la propia Aymara quedó atrapada, “encerrada en la celda, con gran peligro para su vida”, según declaraciones previas de su esposo.
“Las cuatro acusadas en ningún momento mencionaron que Aymara era participante de dicho motín ni de que había cedido una fosforera para darle candela a los colchones”, dijo el activista y agregó que “se quedaron asombradas de que Aymara estuviera ahí”.
En contraste, la abogada de una de ellas señaló la ausencia en el juicio de otras acusadas que sí estaban instruidas de cargos en relación al motín, mientras que una de las presentes nunca recibió citación ni petición fiscal, relata Boris Reñí.
Por lo anterior, el activista insistió en que en el juicio “quedó demostrado una vez más la manipulación de la seguridad del Estado”, lo cual parece ser secundado por la abogada de la Dama de Blanco, quien alegó la falta de elementos probatorios en contra de su clienta y la motivación política del proceso penal en su caso, recuerda el esposo.
El ensañamiento del régimen cubano con la opositora se debe a su postura frontal contra la dictadura y a las peregrinaciones de domingo que protagonizaba junto al resto de las Damas de Blanco en La Habana. Fue precisamente un arresto arbitrario para impedir su marcha lo que inició su procesamiento penal en mayo de 2018.
En 2016 ya había sido sancionada a un año de privación de libertad y, según declaraciones de la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, “por orden del DSE le han fabricado un nuevo delito para encausarla e imponerle una petición fiscal de cinco años más de prisión de libertad con internamiento”.
La propia Soler Fernández denunciaba en marzo de 2021 que Aymara fue llevada a celda de castigo durante dos semanas y privada de toda comunicación con su familia, “por no aceptar ir a realizar trabajo forzoso”.
Su caso ha sido visibilizado por la sociedad civil cubana, organizaciones de derechos humanos y forma parte de la campaña “¿Presos Por Qué?” impulsada del gobierno de Estados Unidos.
En noviembre pasado, la familia de Aymara, incluida sus dos niñas, realizó un viaje azaroso, por tramos, de La Habana a Las Tunas para visitar a la activista. A veces en autobús, otras veces en coche tirado por caballos, las pequeñas tuvieron que recorrer junto a su padre más de 600 kilómetros para reunirse con su madre después de dos años sin verla.
Dificultar el envío de alimentos, medicinas y las visitas a los reos, usando el traslado de reclusos hacia centros penitenciarios distantes de sus hogares, es una de las prácticas del régimen de La Habana -especialmente en el caso de los presos políticos y de conciencia, en represalia por su activismo-, que viola las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
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