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El diario español El País, tradicionalmente asociado con la centroizquierda política, cuestionó hoy en un editorial la represión de los participantes en las protestas contra el gobierno de julio de 2021 en Cuba.
El País consideró que las manifestaciones del año pasado en varias ciudades de la isla "transmitieron un mensaje inédito" en los últimos 62 años, pues por primera vez se hizo pública un porcentaje significativo de la población cubana expresó su disconformidad "sin miedo a ser tachada de traidora a la patria".
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"Lo que persistía era el miedo a la represión del régimen, y ha llegado ya. El Gobierno ha empezado los juicios que afectarán a hasta 790 personas, en su mayoría jóvenes, por participar en las protestas", señaló el texto, en alusión a las personas que han sido instruidas con cargos, según un comunicado de finales de enero de la Fiscalía General de la República.
El medio español precisó que las manifestaciones fueron pacíficas en su mayoría, pero que el gobierno de Miguel Díaz-Canel contestó "con extrema dureza" y cerca de un millar de personas fueron detenidas. Además, advirtió que "todo atisbo de apoyo a los encarcelados" ha sido "perseguido con saña" en los últimos meses.
Múltiples han sido las denuncias de represión y acoso realizadas por familiares de presos políticos y activistas solidarizados con esta causa. En Santa Clara, por ejemplo, la familia del preso político Andy García Lorenzo ha enfrentado detenciones, interrogatorios, amenazas de cárcel y actos de repudio.
Incluso, la semana pasada el padre del joven fue apuñalado por otro hombre con quien sostuvo una discusión, luego de que el agresor insultara a su hijo y le llamara, entre otras cosas, delincuente.
También en La Habana Yudinela Castro y Bárbara Farrat, madres de Rowland Jesús Castillo y Jonathan Torres, respectivamente, han debido enfrentar represalias por las autoridades por exigir la libertad de sus hijos.
Para El País, "las explicaciones del Gobierno sobre los procesamientos representan el último acto de una escalada represiva desproporcionada y seguramente ineficaz".
"En gran parte de los casos, las penas que pide son muy elevadas: cientos de personas pueden ser condenadas a entre 6 y 15 años de cárcel, y varias decenas, acusadas de sedición, se enfrentan a entre 20 y 30 años. Esas penas son un despropósito. El Gobierno cubano quiere evidenciar que no serán toleradas nuevas protestas, y su aspiración de fondo es el escarmiento en cabeza ajena para potenciales protestas, pese a la continuidad previsible del deterioro de las condiciones de vida", afirmó.
El diario español destacó que "la dureza de un embargo que acaba de cumplir 60 años", y que fue aumentado durante la presidencia de Donald Trumpp, sigue teniendo efectos devastadores, pero que "detrás del estallido social anida un profundo malestar popular".
"Enviar a la cárcel a cientos de jóvenes para contener las manifestaciones de descontento solo niega el problema, aplaza la posibilidad de soluciones y revela, una vez más, la obstinación controladora y opresiva del Ejecutivo. La disconformidad crece en la isla y el derecho a manifestarla, recogido en la propia Constitución cubana, es inalienable", agregó el editorial.
Por último, reconoció que "son muchos quienes dentro y fuera del país piden al Gobierno que abandone la persecución penal como arma política y se abra a un diálogo con los sectores críticos" y denunció que los juicios realizados hasta ahora "tienen todos los componentes de abuso de poder" y solo traerán "más frustración y más dolor estéril".
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