Grober Quiala Estupiñán, oficial pensionado del Ministerio del Interior (MININT), denunció este lunes en su perfil personal de Facebook una serie de injusticias cometidas contra miembros de su familia sentenciados a privación de libertad por participar en el estallido social de julio de 2021, en Santiago de Cuba.
Este lunes, el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba emitió las sentencias de ocho manifestantes del poblado El Caney, cinco de los cuales pertenecen a una misma familia, que es la de Quiala Estupiñán: Dayron Yunior Labrada Linares (a quien le piden siete años de privación de libertad), Iván Arocha Arocha (10 años de privación de libertad), Iván Arocha Quiala (10 años de privación de libertad), Eduardo Reynaldo Machado Arocha (nueve años de privación de libertad) y Enrique Ferrer Echeverría (12 años de privación de libertad).
A continuación, CiberCuba reproduce íntegramente el texto publicado por el exoficial en redes sociales, con ligeras correcciones ortográficas y gramaticales:
Para las personas que no me conocen: soy el 1er Teniente pensionado del MININT Grober Quiala Estupiñán, laboré por más de 27 años y me desempeñé como Investigador Judicial en la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de Micro 9 de Santiago de Cuba, actualmente pensionado desde el 1ro de Noviembre de 2021, la mayoría de estos años los dediqué a investigar asuntos penales y mis últimos cinco años era el encargado de los atestados directos presentados en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, pertenecientes a la Estación # 1 de dicha ciudad, conocida como Micro 9.
Mi objetivo es denunciar una serie de injusticias y violaciones cometidas en el poblado de El Caney a raíz del 11J, las personas que me conocen saben cuáles son mis valores y que no tolero el abuso ni las mentiras, fui educado en una familia honesta donde se me inculcaron sentimientos y principios para poder ser buen familiar, buen vecino, buen amigo, buen compañero de trabajo, buena persona.
El pasado 11 de julio, mi familia, de una manera inesperada, se vio involucrada en las manifestaciones pacíficas que se desarrollaron en el poblado de El Caney, precisamente en una esquina del parque central. Minutos antes nos encontrábamos toda la familia reunida en casa de mis padres, donde compartíamos un buen rato, pues era fin de semana, en el momento en que mi sobrino Iván Arocha Quiala salió de la casa en busca de cigarros y una botella de ron, donde se encontró con otros jóvenes que decidieron incorporarse a la manifestación. Rápidamente nos llegó la información y uno tras otro fuimos saliendo en busca de mi sobrino; primeramente salió mi cuñado Iván Mauricio Arocha Arocha, pero como este se había tomado varios tragos de ron, en su búsqueda salió mi hijastro Dayron Yunior Labrada Linares, quien logró contactar con mi sobrino Iván y ambos fueron hasta el parque; tras el nerviosismo salieron en su búsqueda mi hermana Glenys Quiala Estupiñán y mi sobrina Sheila Gleny Arocha Quiala.
Yo y mi hermano Grosman Quiala Estupiñán también salimos para buscarlos, pero al llegar al parque los habían detenidos a todos y se los habían llevado. Ambos ignorábamos lo que había pasado, pues desconocíamos cómo se habían desarrollado los hechos; así nos mantuvimos en una incertidumbre hasta que, pasados unos dos o tres días, fui citado por la Contrainteligencia Interna para analizarme por tener varios familiares involucrados en las manifestaciones. Confieso que me sentí muy mal, pues no podía creer que mis familiares habían salido unos en busca de otros y que terminaran en dichas manifestaciones; como no tenía comunicación alguna con ellos me dediqué a realizar mis propias investigaciones y contacté con varias personas que estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos.
Entonces las cosas comenzaron a cambiar, pues conocí que no solo hubo un exceso en las actuaciones de los policías, sino que se violaron derechos establecidos constitucionalmente, como es el derecho a la salud, pues no se le dio atención médica a ninguno de los detenidos y todos estaban lesionados. Hasta las mujeres fueron golpeadas por oficiales, como el Capitán Uber Tamayo Mengana, que le dio una patada en el abdomen a mi sobrina Sheila, y el oficial Asiel Estévez Frómeta, quien luego de esposar a los detenidos a los tubos de los asientos, golpeó brutalmente hasta perforarle un oído a mi cuñado Iván Mauricio Arocha Arocha. Solo menciono a estos dos oficiales, pues todos los demás, en un gesto de cobardía, también golpeaban sin límites luego de haberlos neutralizados.
En los videos recolectados se aprecia claramente que los que iniciaron la violencia fueron los policías, quienes, sin portar nasobuco, como el oficial Asiel, arremetieron brutalmente contra las personas que allí estaban, incluso con objetos no reglamentados, como palos, y así lo demuestra el oficial Armado Ramírez Castellanos, con uno de estos palos en la mano. Luego de conducirlos a la 3ra Estación de la PNR los hacinaron a todos en un camión jaula sin tomar ningún protocolo de higiene, introduciendo en el mismo a más de 60 personas detenidas, donde solamente no deben pasarse de 25 personas.
Al detenerlos en el Energético, centro que anteriormente fue una escuela y hoy está convertida en prisión, se les negó la atención médica y no consta ningún certificado médico; fueron humillados con palabras ofensivas y solo les daban un vasito de agua en la mañana y uno en la noche. Las pertenencias que se les mandó pasados varios días de estar detenidos, muchas no se las entregaron y se desconoce su destino. Le permitieron a los abogados la visita pasados más de 18 días, quizás para evitar que les vieran las lesiones que habían sufrido y privándolos de otro derecho constitucional como es el derecho a la defensa.
En el acto del juicio oral se demostró el montaje y la manipulación entre el fiscal y los instructores, cuando en las declaraciones de la testigo de la fiscalía, Kiuri Romero de Moya, quien era la Secretaria del PCC (Partido Comunista de Cuba) del poblado, la misma confesó no poder mentir. Ciertamente entre el fiscal y el instructor querían que ella dijera cosas que no había visto y la misma no estuvo de acuerdo. Además de otro testigo de la fiscalía, el cual era un capitán de la academia del MININT, donde es profesor, y estaba presente el día de los hechos, quien refirió que solo se exclamaba en las manifestaciones la palabra "libertad" y luego de que el juez ponente Javier Mustelier Armiñan intentara ayudar a dicho oficial en sus declaraciones diciéndole que si no se estaba gritando "Díaz-Canel singao o abajo Díaz-Canel". Aun así este oficial refirió que no había escuchado esa frase en ningún momento y solo se decía libertad. Esto demuestra la falsedad de este proceso y la manipulación a que fueron expuestas las cargas de pruebas de este caso, que es parte también de la llamada "Operación Dignidad".
Y me pregunto, de qué dignidad se está hablando, cuando las violaciones se han cometido por parte de las autoridades y funcionarios. Acudo por este medio a exponer mi criterio pues no confío en la prensa cubana, no confío en el gobierno que actualmente está en el poder y exijo dos cosas, que si es posible sea publicado el juicio de la causa 448/21 del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba y que una comisión de los derechos humanos perteneciente a la ONU (Organización de Naciones Unidas) tenga acceso a este expediente y de ser posible a todos los expedientes vinculados al 11J.
El pasado 25 de Marzo fueron sentenciados inocentemente los acusados de esta causa y se les impuso sanciones de: 4,000 pesos de multa a Luis Raúl Ibarra Hernández, cinco años de privación de libertad a Yusnaira González Pérez, seis años de privación de libertad a Abdiel Cedeño Martínez, siete años de privación de libertad a Dairon Yunior Labrada Linares, nueve años de privación de libertad a Eduardo Reynaldo Machado Arocha, diez años de privación de libertad a Iván Mauricio Arocha Arocha, diez años de privación de libertad a Iván Arocha Quiala, y 12 años de privación de libertad a Enrique Ferrer Hechavarría, sumando en total 59 años de privación de libertad.
¿De qué Justicia Social se está hablando? ¿De qué trasparencia habla el presidente Díaz-Canel? Definitivamente considero que luego de sumar y multiplicar lo que se ha hecho es restar y dividir, pues una familia como la mía hasta hace unos días tenía esperanza en la justicia y ya la perdió totalmente. ¿Con qué moral vamos a mirar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones con tanta injusticia cometida? Con este actuar no se está construyendo un país sino se está llevando a otro estallido social y a una guerra civil que solo sufrirán los más desprotegidos. ¿Es que a caso nadie se da cuenta del éxodo masivo que está emigrando por Centro América y México hacia los Estados Unidos? Y no lo hacen por apátridas sino por miedo hasta de compartir un like en un teléfono, a expresarse, porque sencillamente no tienen futuro.
Apelando a la historia el gobierno de Batista, que era asesino y corrupto, fue capaz de sentenciar a 15 años de privación de libertad al comandante Fidel Castro cuando asaltó el Cuartel Moncada con armas de fuego, y donde resultaron varios fallecidos, aun así luego de dos años en prisión se les dio una amnistía y el exilio en México. Sin embargo, por estas manifestaciones del 11J hay personas sancionadas hasta con 30 años de privación de libertad; si relacionamos a una persona que haya cometido el delito más grave en estas manifestaciones no se compara con el asalto al Cuartel Moncada.
Para culminar pongo en conocimiento que no tengo enemigos de ningún tipo porque siempre fui transparente en mi trabajo y a partir de este momento de lo que me pueda suceder a mí o a algunos de mis familiares responsabilizo a las personas que se han prestado para tales injusticias.
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