El movimiento Amnistía Internacional (AI) afirmó en su informe anual que el régimen cubano reforzó la maquinaria de control sobre la libertad de expresión tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
"Las autoridades intensificaron su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión con medidas de vigilancia física de activistas de los derechos humanos, artistas y periodistas —a quienes además sometieron a arresto domiciliario, detención arbitraria, violaciones del debido proceso y, en algunos casos, malos tratos—, al tiempo que interrumpían el servicio de Internet", subrayó el reporte de la organización correspondiente al periodo 2021/2022 sobre la "Situación de los Derechos Humanos en el mundo".
Después de "la mayor manifestación que se había visto en décadas en Cuba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias de ataques violentos cometidos contra los medios de comunicación por parte de la policía y simpatizantes del gobierno y de la detención de al menos 10 periodistas", explica.
El texto destaca que tras el llamado 11J, las autoridades cubanas encarcelaron a muchos centenares de personas que habían participado en el alzamiento, de las cuales casi 700 permanecían en prisión al concluir el año.
"La mayoría de las personas detenidas estaban acusadas de delitos históricamente utilizados para acallar la disidencia y a menudo incompatibles con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, como, por ejemplo: 'desórdenes públicos', 'resistencia', 'desacato', 'instigación a delinquir', y 'daños'", apunta.
En ese contexto represivo "la situación económica continuó deteriorándose y las autoridades estadounidenses siguieron sin levantar el embargo económico", dice el análisis.
Amnistía Internacional, un movimiento global con sede en Londres, agrupa a 10 millones de personas y analiza cada año el estado de los derechos humanos en el mundo.
En su informe sobre 2021 denuncia que la traición, la colusión, el conflicto y la represión llevaron a una desigualdad más profunda y una mayor inestabilidad en las naciones.
Recientemente la organización pidió formalmente al gobierno cubano acceso para monitorear los juicios contra los manifestantes del 11J tras conocerse denuncias de violaciones en los procesos legales y las elevadas condenas a más de un centenar de procesados.
"Las autoridades cubanas han seguido llevando a cabo una campaña de criminalización con el único objetivo de restablecer la cultura del miedo que se rompió el año pasado cuando la gente salió a la calle para expresarse", declaró Erika Guevara Rosas, directora para América de AI, al hablar sobre la opacidad y la injusticia de los procesos penales en la isla.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel nunca respondió a la solicitud y solo reaccionó con más represión a activistas, opositores y solicitudes fiscales de hasta 30 años de cárcel contra los manifestantes, una sanción que iguala los delitos usados para condenarlos con el de homicidio.
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