Multas a dos compañías de EE.UU. por compras de explosivos de origen cubano

Newmont Corporation ("Newmont"), una minera multinacional con sede en Denver, Colorado, llegó a un acuerdo con el gobierno por $141,442 dólares. 

Sucursal de Newmont en Surinam © Wikimedia Commons
Sucursal de Newmont en Surinam Foto © Wikimedia Commons

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Este artículo es de hace 2 años

El gobierno de Estados Unidos impuso sendas a dos compañías estadounidenses por la compra de explosivos de origen cubano, informó el Departamento del Tesoro.

Newmont Corporation ("Newmont"), una minera multinacional con sede en Denver, Colorado, llegó a un acuerdo con el gobierno por $141,442 dólares, mientras que Chisu International Corporation, ubicada en Parkland, Florida, y afiliada a un distribuidor de explosivos y accesorios para operaciones mineras, pagará $45,908 dólares para evitar sanciones adicionales , según reportó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)


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En el caso de Newmont, entre aproximadamente junio de 2016 y noviembre de 2017, una de sus subsidiarias en Surinam compró explosivos de origen cubano y accesorios para explosivos. OFAC determinó que la empresa reveló voluntariamente las violaciones a las que consideró un caso no grave.

En la misma fecha, Chisu y sus afiliadas en Surinam y Panamá adquirieron en cuatro ocasiones explosivos de origen cubano y accesorios relacionados provenientes de la Unión Latinoamericana de Explosivos (ULAEX), una empresa mixta creada en Cuba que vende explosivos para la industria.

La OFAC determinó que Chisu, en cambio, no reveló voluntariamente las violaciones, a pesar de lo cual consideró que las mismas constituyen también un caso no grave.

El portal oficialista cubano Cubadebate reaccionó a la medida, y culpó a la administración Biden de mantener una política "genocida" contra la isla.

En los últimos meses la OFAC ha sancionado a varias empresas estadounidenses por violar el embargo a Cuba.

Entre ellas Airbnb, dedicada al arrendamiento de alojamientos para el turismo y la compañía BitPay, una empresa privada con sede en Atlanta, Georgia, por facilitar el procesamiento de pagos en bitcoin a cubanos residentes en la isla.

En ese último caso la empresa debió pagar más de medio millón de dólares ($507.375 dólares) “para liquidar su posible responsabilidad civil” por violar el embargo a Cuba.

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