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Los manifestantes del 11 de julio procesados en Santiago de Cuba recibieron condenas de hasta nueve años de privación de libertad por su participación en el alzamiento popular.
En total fueron condenados cinco cubanos de entre 22 y 29 años, ninguno de los cuales tenía antecedentes penales al momento de ser detenidos en 2021, informó la agencia EFE, que accedió a los documentos judiciales.
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Según la fuente, la sentencia menor dictada por el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba fue una multa de 3.000 pesos cubanos (125 dólares con el cambio oficial) y la más alta se elevó a nueve años de cárcel.
Los acusados enfrentaron cargos de desacato, atentado y desórdenes públicos, especialmente por insultar al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la policía, e invitar a la población a unirse a la protesta.
Como ha ocurrido en otros juicios contra manifestantes del 11J, los familiares denunciaron falta de garantías para los procesados, fabricación de pruebas y las elevadas condenas en comparación con el delito.
A pesar de ello las condenas en el municipio capital santiaguero fueron menores que en otras ciudades de esa provincia del oriente de Cuba.
A los manifestantes del 11J en Palma Soriano, la segunda localidad del país que se alzó ese día de 2021, les impusieron condenas de hasta 12 años de privación de libertad, de acuerdo a la decisión del Tribunal Municipal de esa localidad.
"Lo que han hecho con esos muchachos no tiene nombre. Juicios amañados, llenos de mentiras", dijo su madre del activista Daniel Fernández Álvarez, condenado a siete años de cárcel.
Según las ONG Justicia 11J y Cubalex, un total de 1.442 personas han sido detenidas en relación con las protestas durante el último año. De ellas, al menos 756 continúan en centros de reclusión y enfrentan largas condenas.
El miércoles un exfiscal cubano que emigró de la isla en las últimas semanas aseguró que las sentencias impuestas a los manifestantes del 11 de julio fueron elaboradas por el Partido Comunista antes de empezar los juicios.
Precisó que él no participó directamente en ningún juicio del 11J, porque en Palma Soriano solo hubo un proceso y él no estuvo a cargo, pero observó las irregularidades que se cometieron con los participantes en las protestas.
A varios acusados se les dictaron órdenes de prisión provisional, calificándolos como ciudadanos de alta peligrosidad social sin pruebas y/o antecedentes, y sin tomar en cuenta su edad, solo la índole política de los casos, detalló.
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