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La tesorera de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, fue extraditada este jueves desde España a Estados Unidos, donde tendrá que responder ante una corte de Florida por presunto lavado de dinero, entre otros cargos.
Díaz Guillén se encontraba detenida desde 2018 en España, adonde viajó junto a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, también asociado a una trama de corrupción que blanqueó millones de dólares del gobierno de Chávez durante años.
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“La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Díaz, llegó anoche al sur de Florida y está bajo custodia. El arresto de Díaz es conforme a una investigación dirigida por @HSI_Miami sobre lavado de dinero y violación de la ley de corrupción extranjera, que resultó en su acusación formal el 16 de diciembre de 2020”, indicó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Miami.
Según informó el Departamento de Justicia de EE.UU., la exfuncionaria venezolana y su esposo fueron acusados en diciembre de 2020 ante un tribunal federal de Miami bajo cargos de haber cometido delitos relacionados con el lavado de dinero como parte de una trama en la que también habría participado Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión en Venezuela.
Según los fiscales estadounidenses, Díaz y su esposo —quien formó parte del equipo de seguridad del presidente Chávez— habrían recibido "millones de dólares" en sobornos de Gorrín, quien buscaba tener acceso preferencial a la compra de dólares entre 2008 y 2017, años en los que estuvo en vigor un régimen de control cambiario en el país.
Otro extesorero chavista también fue acusado como parte de la trama. Alejandro Andrade Cedeño, jefe de la Tesorería venezolana de 2007 a 2010 fue sentenciado en noviembre de 2018 por cargos de lavado de dinero.
Como parte de su declaración de culpabilidad, según el Departamento de Justicia, Andrade admitió haber recibido más de US$ 1,000 millones en sobornos de Gorrín y otros cómplices a cambio de valerse de su cargo para permitirles hacer transacciones de cambios de divisas a precios preferenciales.
El empresario de medios de comunicación habría transferido presuntamente “dinero para y en beneficio” de los acusados, el cual habría sido utilizado para la adquisición de "jets privados, yates, casas, caballos, relojes de alta gama y una línea de moda", según el Departamento estadounidense.
Gorrín, quien vive en Venezuela y ha sido declarado prófugo por la justicia de EE.UU., se defendió en noviembre pasado en una serie de mensajes en Twitter, donde negó las acusaciones y dijo que "la fiscalía americana no solo impulsa una narrativa motivada por intereses políticos, sino que lo hace sin elementos probatorios de ningún tipo".
En otro mensaje dijo que las autoridades de este país pretendían vincularlo a Díaz y Velásquez con "pruebas falsas". Desde entonces no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, según CNN, medio que aseguró no haber recibido respuesta del empresario luego de varios intentos de contactarlo para conseguir declaraciones a propósito de la extradición de Díaz.
Arrestados en España en 2018, Díaz y su esposo fueron considerados como extraditables por la Audiencia Nacional del país europeo, órgano que aprobó su extradición a Estados Unidos a finales de 2021.
Sin embargo, mientras Díaz Guillén ya tuvo una audiencia inicial en una corte de West Palm Beach, según confirmó al mencionado medio Marissel Descalzo, su abogada en Florida, las autoridades intentan averiguar cuál es el paradero exacto de Velásquez en España y cuándo podría ser extraditado a EE.UU.
Además de tesorera, Díaz Guillén manejó entre 2011 y 2013 el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden). Según su abogada en Florida, Díaz se declarará inocente de todos los cargos el próximo martes cuando le sea tomada declaración ante la corte que le juzgará.
Por su parte, a finales de marzo, el Tribunal Supremo de España suspendió la extradición a Estados Unidos del antiguo jefe de espionaje venezolano Hugo Carvajal, donde se enfrenta a cargos de narcotráfico, después que este recurriera ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las autoridades estadounidenses creen que Carvajal, que fue jefe de la inteligencia militar de Venezuela, podría proporcionar una gran cantidad de información sobre las presuntas actividades de narcotráfico del presidente Nicolás Maduro y sus asociados. Maduro niega haber actuado incorrectamente.
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