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La Seguridad del Estado multó a la periodista Camila Acosta con 1,000 pesos y cerró su caso este miércoles, luego de que permaneciera más de 10 meses en reclusión domiciliaria, acusada del delito de desorden público por cubrir las protestas del 11J.
“Fui citada para la estación policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, en donde -en presencia de mi abogada- el teniente Ernesto Dávila Gallardo (de la Seguridad del Estado) me impuso una multa de 1,000 CUP, en virtud de la Ley 143, artículo 17, inciso b, referida al ‘criterio de oportunidad’. Esta norma permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales”, explicó la periodista en un artículo que escribió para el medio Cubanet, donde trabaja, relatando los pormenores de su situación.
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La corresponsal de Cubanet y el periódico español ABC denunció que, además, le fueron confiscados varios bienes personales que le habían sido ocupados el 12 de julio de 2021, luego de su detención.
“En total, fueron dos laptops, un disco duro, dos teléfonos, cinco memorias flash (algunas de ellas vacías), agendas de trabajo, libros, una blusa (que llevaba puesta el 11J), 50 USD y 20,000 CUP. Debo destacar que parte de estos bienes ni siquiera eran de mi propiedad, lo cual era fácilmente comprobable”, precisó.
Acosta rechazó la presunta acusación de “desorden público”, bajo la cual le fueron decomisados sus pertenencias e impuesta la multa, pues esta sanciona a quien “en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas, dé gritos de alarma, profiera amenazas de un peligro común o realice cualquier otro acto con el propósito de provocar pánico o tumulto”, lo que no tiene ninguna relación con su labor periodística durante las protestas masivas antigubernamentales del 11 de julio pasado.
“Para esta acusación solo contaban con dos supuestos testigos, ambos agentes del régimen, además de mi firme confirmación de haber reportado las protestas de ese día. No hubo delito y tampoco ninguno de los equipos embargados se utilizaron para la comisión de él; aun así, se impuso la sanción. La única explicación de Ernesto [agente de la Seguridad del Estado] era que estos bienes tenían contenidos ‘contrarrevolucionarios’; una vez más, nada que ver con el supuesto delito que imputaban”, denunció.
La reportera explicó que debe pagar la multa en tres días y sostuvo que participar en las protestas como reportera no es un delito, sino un servicio público del que no se arrepiente.
Aclaró, además, los razones por las que, pese a lo arbitrario de la medida, pagará la multa que le impusieron.
“Aceptar esta multa significa que, sin siquiera poder defenderme, acepto una medida arbitraria o que cometí ese supuesto delito, pero, por otro lado, representa que no tendré que llegar a tribunales, lo cual, conociendo las violaciones constantes que se cometen y el estado de indefensión total ante las leyes, es el menor de los males. Mientras, ir a juicio sería enfrentar una condena segura, de tres meses a un año”, explicó.
Con el pago de la multa, finaliza la acusación y, por tanto, la medida cautelar de reclusión domiciliaria, por la cual Acosta sufrió, durante más de cinco meses, vigilancia diaria sobre su vivienda por parte del aparato represivo del régimen.
El mes pasado, la joven reportera había denunciado en sus redes el acoso constante de la Seguridad del Estado sobre su persona.
“Tengo vigilancia permanente de la Seguridad del Estado hace tres días. Y, aun así, Cuba miente y niega todo en organismos internacionales”, escribió en su cuenta de Twitter.
Acosta, como muchos otros activistas, opositores y periodistas independientes cubanos, vio cómo la vigilancia de la Seguridad del Estado sobre su vivienda se incrementó en los días previos a la celebración oficial del Primero de Mayo.
A finales del pasado año, Acosta, quien estuvo cuatro días detenida por reportar las protestas del 11 de julio, fue citada en reiteradas ocasiones por agentes de la policía política cubana para discutir los pormenores de su caso y las acusaciones que se le imputaban.
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