El grupo Justicia 11J actualizó este viernes la situación de los procesos judiciales contra los manifestantes del 11 de julio en el barrio habanero de Toyo y criticó las arbitrariedades del gobierno cubano en los cambios de medidas a algunos de los presos políticos.
“Desde esta mañana se celebra en el Tribunal Provincial de Diez de Octubre, en La Habana, el juicio de casación a los manifestantes de Toyo, entre ellos, menores de edad. Las sanciones que les habían sido impuestas durante los juicios de primera instancia se extienden hasta los 19 años de privación de libertad, por el supuesto delito contra la Seguridad del Estado de sedición”, dijo la organización, que monitorea las detenciones por motivos políticos en Cuba.
La publicación dek grupo en Facebook incluye además un listado de los jóvenes detenidos que no superan los 18 años de edad en el momento del estallido social y a cuyos casos presta especial atención, a partir de lo sucedido ya con los adolescentes que participaron en la protesta en el barrio La Güinera:
1- -Brayan Piloto Pupo (16), sancionado a 10 años de privación de libertad.
2- Kendry Miranda (17 años al momento de la detención), sancionado a 19 años de privación de libertad.
3- Rowland Jesús Castillo (17 años al momento de la detención), sancionado a 18 años de privación de libertad.
4- Lázaro Noel Urgellés (17 años al momento de la detención), sancionado a 14 años de privación de libertad.
5- Brandon David Becerra (17 años al momento de la detención), sancionado a 13 años de privación de libertad.
Asimismo, sigue la situación de Kevin Damián Frometa de 19 años, sancionado a 16 de cárcel y de Lauren Martínez Ibáñez quien apenas tiene 18 y está condenado a la misma cantidad de tiempo en prisión.
Justicia 11J señaló además que resulta preocupante lo que pueda pasar con Martínez Ibáñez, pues “aunque su edad está comprendida en el rango considerado hasta ahora para modificación de sanción, es probable que no sea beneficiada con ella, al no haber podido acceder a abogado para recurrir la sentencia. Este pudiese ser el caso de muchos otros manifestantes, cuyas familias no cuentan con recursos, o que no cuentan con el apoyo de sus familias para hacer las gestiones propias de los procesos penales”.
La organización destacó además los cambios de medida que han beneficiado a varios de los manifestantes de La Güinera y de Villa Clara, incluido Andy García Domínguez, quien hace pocos días logró reunirse con su familia, una de las más comprometidas con la causa de la libertad de los presos políticos en Cuba.
“Justicia 11J comparte la alegría de las familias por las excarcelaciones conseguidas hasta la fecha” y llama la atención sobre “la arbitrariedad en la toma de decisiones para la concesión de cambios de sanciones. En relación, por ejemplo, con el expediente de Villa Clara mencionado, es significativo el hecho de que no haya sido considerada la modificación de la sanción a las mujeres Mercy Daniela Pichs Martínez y Amanda Dalai Matamoro, ambas sancionadas a 4 años de privación de libertad: la misma sentencia de los manifestantes excarcelados. En estos casos, además, es denunciable la conducta de irrespeto y violación de convenciones que velan por las garantías a las mujeres en conflicto con la ley”.
El colectivo defensor de los derechos humanos advirtió que los cambios de medida no constituyen sentencias firmes en tanto no exista un documento oficial que de cierre a los procesos penales y que “las excarcelaciones relacionadas con posibles modificaciones de sentencias no privativas de libertad no son definitivas, sino únicamente temporales”.
Los integrantes de Justicia 11J aludieron a la situación particular de la manifestante Lázara Karenia González quien fue puesta en libertad a la espera del segundo juicio. “En su caso, no se ha considerado su reciente embarazo cuando se ha ratificado la sentencia de tres años de trabajo correccional con internamiento”, por lo que incluso corre el riesgo de ser trasladada nuevamente a la prisión, al no existir en Cárdenas un campamento en el que pueda cumplir su pena con los cuidados mínimos que requiere.
“Es necesario que no se esparzan, en el seno de la sociedad civil y de las familias, falsas expectativas que den lugar también a que se consolide una imagen benevolente del Estado (...). Menos aún se divisa un giro hacia el otorgamiento de sobreseimientos y absoluciones, únicas vías válidas para la solución de los daños irreparables al pueblo cubano por parte del Estado, que aún no ha tomado medidas penales ni administrativas contra las fuerzas represivas, causantes de las confrontaciones en las protestas”, indicó la organización en el texto.
En el post compartieron además cifras actualizadas sobre el panorama judicial de los manifestantes del 11J:
-Total de detenciones en el contexto de la protesta: 1476.
-Personas en detención: 729 (a pesar de las nuevas informaciones sobre personas en detención, se mantiene la cifra, debido a las confirmaciones de excarcelaciones).
-Personas juzgadas: 583.
-Acusados de sedición: 175.
-Absoluciones: 6 (cifra actualizada, con el procesamiento de un juicio anterior).
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