El preso político cubano Yosvany Rosell García lleva al menos cinco días en huelga de hambre para exigir que se cumplan sus derechos en la prisión de Holguín, donde cumple una condena de 20 años de privación de libertad por el delito de sedición.
Su esposa, Mailín Sánchez, responsabilizó a las autoridades cubanas de lo que le pudiera suceder en la cárcel al manifestante del 11J y pidió justicia para todos los presos políticos de la isla, sobre todo aquellos que salieron a protestar pacíficamente y pedir un cambio político en Cuba.
"Hasta cuándo tanto dolor y sufrimiento para él y su familia. Este humano es padre de tres hijos y tiene familia, puesto que hago responsable a todos aquellos, por la salud de mi esposo, si le sucede algo", escribió en su perfil de Facebook.
Esta no es la primera huelga de hambre que protagoniza desde la cárcel Rosell García, quien enero inició una protesta similar que duró 17 días consecutivos.
En ese momento protestaba contra la Fiscalía que pedía 30 años de cárcel por su participación en las protestas del 11J y el principal delito que le imputaban era el de sedición.
El joven cubano se negó a recibir atención médica para sus problemas de hipertensión y enfermedad cardiovascular.
En una carta enviada desde la cárcel a la familia aseguró que "por cada preso político una familia se levantará" en Cuba.
El preso político de 33 años envió un mensaje al mandatario Miguel Díaz-Canel, en el que destacó que las altas condenas contra los presos políticos no eran por cometer delitos, sino para aterrorizar al pueblo y advertirle del precio que tiene ejercer su derecho a manifestarse.
"Dictador Díaz-Canel, tú como todo lo que haces, lo haces mal, estas sanciones que estás utilizando contra el pueblo cubano, será el peor de tus errores", subrayó.
La huelga de hambre de Yosvany Rosell García ocurre en medio de cambios de sanciones adoptados por las autoridades judiciales de Cuba, que permiten a algunos detenidos cumplir sus sanciones en un régimen menos restrictivo, ya sea en campamentos o bajo retención domiciliaria.
Al respecto, activistas por los derechos humanos de Cuba han advertido de que, si bien ello es motivo de celebración para muchas de estas familias, continúan siendo juzgados cientos de presos políticos y la principal prioridad es que todos sean puestos en libertad.
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