El gobierno concedió la libertad condicional a la cubanoamericana Alina López Miyares, de 64 años, según un auto del Tribunal Militar Territorial Occidental, fechado el 8 de julio, al que tuvo acceso CiberCuba.
El tribunal castrense estimó el buen comportamiento en prisión, donde impartió clases de Inglés a otros reclusos, y los padecimientos de salud de la civil López Miyares, que deberá permanecer en Cuba hasta 2030, cuando extinga su condena, precisa el auto judicial, que establece la prohibición de expedir un pasaporte a favor de la sancionada y su salida del territorio nacional y advierte que la medida de gracia puede ser revertida por mala conducta o declaración de peligrosidad.
López Miyares se casó, en 2007, con el diplomático cubano y teniente coronel, hoy en la reserva, de la Dirección de Inteligencia, Félix Martín Milanés, con cobertura diplomática ante la Misión Permanente de La Habana en Naciones Unidas, Nueva York.
López Miyares residirá en una casa de alquiler en la barriada del Vedado, pese a que en el Modelo de Egreso de la prisión, aparece como residente en San José Nro. 1010 e/ Espada y Hospital; en Centro Habana, informó el abogado independiente Edilio Hernández Herrera, coordinador de la ONG Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana, que ha estado monitoreando el caso junto con Jason I. Poblete, presidente de Global Liberty Alliance, con sede en Washington, Estados Unidos.
La decisión de conceder la libertad condicional a López Miyares se produce ocho meses después que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, intercediera ante el gobierno cubano a favor de la sancionada; aunque La Habana rechazó los cuestionamientos sobre el caso, en carta dirigida al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, en febrero, desde su misión diplomática ante ONU.
Los argumentos del gobierno cubano fueron desestimados por el Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana, que aprecio notables "quebrantamientos" legales, como su juzgamiento por un tribunal militar; siendo civil y pese a que el delito de espionaje debe ser juzgado por fueros civiles; debiendo el castrense inhibirse, en el caso de López Miyares.
En 2017, Lopez Miyares fue condenada a 13 años de prisión por el delito de espionaje en Cuba, tras ser descubierto un plan de salida ilegal del país para su esposo, un ex teniente coronel en posesión de abundante información secreta, siempre según la versión de las autoridades cubanas, que acusaron a la sancionada de haber establecido vínculos con oficiales de los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia de Estados Unidos; circunstancias que el abogado Herrera no considera fehacientemente probadas".
En mayo, Alina Miyares, madre de la recién puesta en libertad condicional y residente en Miami Beach, calificó de "crueldad" que su hija siga presa en Cuba.
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