Armando Valdés, propietario de una clínica en Miami, fue condenado a cinco años de prisión por dirigir una trama de fraude para estafar $38 millones de dólares al sistema federal de salud (Medicare).
A Valdés también le fueron confiscadas cuatro propiedades inmobiliarias, incluida una unidad de condominio frente a la playa en Pompano Beach, así como numerosos vehículos de lujo, incluidos un Cadillac Escalade y un Tesla Model S, todos adquiridos con dinero mal habido, informó el Departamento de Justicia del Distrito del Sur de la Florida en un comunicado.
El médico de 63 años obtuvo, desde febrero de 2015 hasta julio de 2021, aproximadamente 38 millones de dólares de las compañías de seguro United Healthcare y Blue Cross Blue Shield (BCBS), por prescripciones fraudulentas del medicamento Infliximab.
Propietario y operador de Gasiel Medical Services, una clínica médica en Miami, Valdés admitió, como parte de su declaración de culpabilidad a principios de este año, que nunca proporcionó ni una sola receta del fármaco, ni los pacientes de la clínica requirieron la medicación.
El medicamento Infliximab, conocido por el nombre de marca Remicade, es un costoso inmunosupresor aprobado para el tratamiento de la enfermedad de Crohn en adultos y niños, la colitis ulcerosa en adultos y niños, la artritis reumatoide y psoriásica, la espondilitis anquilosante y la psoriasis en placas.
Se trata de uno de los medicamentos de prescripción más caros del mercado: una sola dosis puede tener un precio de venta al público de casi 10,000 dólares
Valdés intentó ocultar su participación en este esquema de fraude distanciándose sobre el papel de la clínica médica. Por ejemplo, empleó a un médico de 91 años en Gasiel Medical Services que rara vez trataba a los pacientes y nunca recetó Infliximab, pero que Valdés incluyó como proveedor de los 38 millones de dólares de las recetas de Infliximab facturadas fraudulentamente.
De igual modo, aunque Valdés era efectivamente el propietario y operador de Gasiel Medical Services, pagó a otra persona para que actuara como su propietario nominal. Este otro individuo, y no Valdés, figuraba como presidente y agente registrado de la clínica en los registros corporativos y otros documentos oficiales.
A finales de junio, cinco acusados por su participación en una trama de fraude en una clínica de fisioterapia en la ciudad de Doral, en el condado de Miami Dade, fueron condenados a penas de hasta 11 años de prisión y multas que, en algunos casos, superan los $4 millones de dólares.
Los sujetos reclutaron y pagaron a los beneficiarios de los planes de seguro médico de BCBS, y luego facturaron a BCBS por servicios que la clínica Polyclinic Healthcare nunca prestó o que no eran médicamente necesarios.
Además, los dos propietarios de la clínica también utilizaron la empresa para obtener fraudulentamente fondos de ayuda de COVID-19.
Las penas más altas recayeron sobre los propietarios Carlos Rafael Sáez Dorta, de 42 años, y Verónica Ramos Hernández, de 35 y natural de Venezuela según su perfil de Facebook, quienes fueron cada uno condenados a 135 meses de prisión, más tres años de libertad bajo supervisión, y una multa per cápita de $4,434,069 en restitución.
Una semana antes, un empresario cubano residente en Hialeah, acusado de estafar más de $4 millones de dólares al programa federal de salud, fue detenido cuando intentaba escapar desde Key West a Cuba a en una moto acuática.
La jueza federal Alicia Otazo-Reyes ordenó el arresto sin fianza de Ernesto Cruz Graveran, de 54 años, quien fue detenido cuando su moto acuática quedó averiada en aguas cercanas a Key West.
Cruz Graveran fue detenido por la Guardia Costera de Estados Unidos y agentes de Aduanas y Protección de Fronteras.
El detenido era el propietario de Xiko Enterprises, Inc, empresa de Florida que afirmaba suministrar equipos médicos a los beneficiarios del Medicare, programa gubernamental para personas de la tercera edad.
Durante dos meses, de febrero a abril, la empresa presentó alrededor de $4.2 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas de atención médica a Medicare por equipos que nunca fueron solicitados por los beneficiarios ni se les proporcionaron, refiere la denuncia en su contra.
En mayo, un juez federal sentenció hasta diez años de cárcel para un grupo de residentes en Miami involucradas en un esquema de fraude al Medicare que ascendió a 17 millones de dólares.
Los condenados fueron acusados por presentar reclamos falsos por servicios que nunca proporcionaron a los beneficiarios o que no eran médicamente necesarios.
Las clínicas involucradas en el delito fueron Life Blue Medical Center, Corp., Blue Life Medical Center, LLC y Miami Medical Therapy.
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