Yosvany Rosell García Caso, manifestante del 11J que enfrenta una sentencia de 15 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, denunció las golpizas y prácticas degradantes cometidas por las autoridades penitenciarias de la prisión en la que se encuentra.
Herrero de oficio y padre de tres hijos, García Caso (33 años) es un preso político que se niega a usar la ropa de los reclusos, hecho por el que ha sido víctima de represalias en la prisión El Yayal, en Holguín.
La última ocasión en que García Caso fue reprimido por su postura fue el 3 de septiembre, cuando condicionaron una prueba médica que tenía en el hospital a que vistiera de recluso. Ante su negativa, los responsables de la prisión se negaron a llevarlo a cita médica
En una carta enviada a su esposa, Mailin Sánchez, el manifestante del 11J describió las presiones, amenazas y torturas que sufre en prisión por su condición de “plantado”, al negarse a vestir de recluso común, siendo un preso político.
“Este pasado 10 de julio del 2022, recluido en la prisión El Yayal, la jefatura mandó a dos reclusos (de los que, por pequeños beneficios, les hacen sus trabajos de sicarios) a amenazar de golpear a cualquier interno que se vistiera de blanco los días 10, 11 y 12 de julio”, relató.
Según García Caso, él manifestó su oposición a la medida y a la utilización de la violencia y la intimidación para su acatamiento. “Al escuchar las amenazas [de los presos sicarios de la jefatura], les dije que yo soy preso político, y que sí me vestiría de blanco”, contó en su misiva.
“Ellos, de inmediato, mandaron a buscar a los guardias para darles muestras de su servilismo a la dictadura. Los guardias me llevaron para la oficina del orden interior, mandaron a buscar todas mis pertenencias y retuvieron toda mi ropa. Luego buscaron una muda de ropa de preso y -de forma amenazante-, cerrando la puerta de la oficina con unos 10 guardias a mi alrededor, incluido el teniente coronel Valeri Gonzáles Cabrera, jefe de la prisión, me dijeron que me pusiera esa ropa”, indicó.
La instrucción de la jefatura de El Yayal pretendía que los presos políticos que participaron en las históricas protestas del 11J no celebraran el primer aniversario de un estallido que sacó a decenas de miles de cubanos a las calles de pueblos y ciudades. Varias denuncias en redes sociales han coincidido en señalar que esta instrucción se dio en las prisiones donde estaban manifestantes entre los reclusos.
Sin embargo, el herrero holguinero se negó a seguir las instrucciones, alegando que no estaba dispuesto a vestir de preso en una cárcel cuya población penal va vestida de civil porque las autoridades no les proveen de estos y otros enseres.
“Inmediatamente, al escuchar mi respuesta, esos 10 esbirros iniciaron la violencia física contra mí, aplicando técnicas de luxación, golpes a mano abierta para no partir, ahorcamiento y se paraban con sus botas encima de mi cabeza, manos y pies contra el piso”, dijo García Caso.
Tras golpearle y esposarle “hasta el hueso”, los represores le pusieron el uniforme de recluso y se quedaron con sus pertenencias para que no tuviera otra ropa de recambio y se viese obligado a llevar el uniforme de quienes cumplen sentencia por delitos comunes.
De vuelta en su “compañía”, García Caso mantuvo su “postura rebelde” y se quitó el uniforme y lo lanzó afuera a través de los barrotes de su celda.
“A las dos horas de ese primer suceso, los guardias -al percibir que no usaba la ropa que me pusieron a la fuerza y que lo que usaba como ropa era una toalla, que fue lo único que me dejaron- me volvieron a sacar para la misma oficina, que más bien es su centro de torturas y me repitieron su vil acto, reiterándome que mientras me negara a esa ropa me estarían golpeando todos los días y no me permitirían tener acceso a visitas familiares ni teléfono”.
Este hecho fue lo que motivó que García Caso se declarase nuevamente en huelga de hambre. El manifestante ha recurrido en más de una ocasión a esta forma extrema de protesta, como forma de exigir que se respeten sus derechos y su condición de preso político.
“Esas acciones se repitieron por tres días consecutivos hasta que me llevaron para la celda de plantados. Después de 11 largos días, accedieron a devolverme mi ropa y permitirme vestir de civil”, refirió el joven que teme que este comportamiento violento e ilegal de las autoridades vuelva a repetirse.
En ese sentido, el preso político responsabilizó al teniente coronel jefe de la prisión El Yayal, Valeri Gonzáles Cabrera (“más conocido como Cuba sí”), de cualquier cosa que pueda sucederle en prisión. “Lo mismo por manos de los guardias, que de presos”, añadió, previendo el daño que las autoridades suelen infligir a los presos políticos utilizando para ello a presos comunes que acceden a comportarse como sicarios a cambio de pequeños beneficios carcelarios.
Según el registro de las organizaciones Justicia 11J y Cubalex, García Caso es una de las 169 personas condenadas por el delito de sedición, un cargo que los tribunales del régimen utilizaron para castigar injustamente a los manifestantes del 11J y para que las sentencias sirvieran de escarmiento a la población ante futuras manifestaciones de protesta.
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