Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, amenazó con juzgar a los ciudadanos de la capital cubana que protestaron en las calles en contra de los apagones y la gestión del gobierno tras el paso del huracán Ian.
"Es imperdonable que estos reclamos se realicen cometiendo indisciplinas sociales y desorden público. Poniendo barricadas en la vía pública; contenedores que después le van a prestar servicio a ellos y que los están destruyendo; utilizando los niños como barrera, eso es un delito que se analizará en su momento con todas las madres que cogieron a sus hijos y los utilizaron de barrera para contener la vialidad", adelantó el funcionario cubano.
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Durante su intervención en el programa Mesa Redonda, de la televisión estatal, García Zapata aseguró que la población repudia los actos de indisciplina social que enumeró y criticó además a aquellos que ocultan su rostro durante las manifestaciones, sin mencionar que lo hacen por temor a las represalias de la Seguridad del Estado.
"Si quiero reclamar, si quiero tener una conversación, tiene que ser franca, abierta, sobre la base de los deberes y los derechos que tengo", agregó el también vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP).
García Zapata reiteró las palabras del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y calificó todas estas protestas como un delito que será juzgado oportunamente "con la moral que les asiste".
En otro momento de su intervención, el gobernador de la capital de Cuba, reconoció que los cortes de electricidad y agua generan malestar en la población, pero salvó de toda responsabilidad a su equipo de dirección porque son las consecuencias asociadas a un fenómeno natural.
"Eso es culpa de la naturaleza, eventos de este tipo que pasan permanentemente por nuestro país. Nos tocó ahora a nosotros y tenemos que enfrentarlo", enfatizó el dirigente.
El vicepresidente del CDP de La Habana explicó que las protestas y manifestaciones ciudadanas, si bien son un derecho, deben realizarse cuando los problemas no se están atendiendo y aunque justificó la falta de información a la población por el corte de energía eléctrica, aseguró que los funcionarios de la capital se encargaron de dar explicaciones en el terreno.
García Zapata expresó que las protestas no ayudan a resolver los problemas, sino a agudizarlos porque se desvirtúa el trabajo de los dirigentes del gobierno y el partido "y no se actúa consecuentemente con aquellas personas que lo están dando todo".
El funcionario planteó que las manifestaciones y presiones ciudadanas causaron malestar en las brigadas de linieros que viajaron hasta la capital para restablecer el servicio, de los cuales al menos dos han muerto, porque hubo sitios en los que no se pudo restablecer el servicio inmediatamente.
Para restarle importancia a las protestas de la población, el gobernador de La Habana aseguró que fue coincidencia que se restableciera el fluido eléctrico en las zonas donde habían concentraciones.
"No fue porque se intencionó poner la corriente por los reclamos. Aquí nosotros no vamos a admitir en ningún momento que por una presión de este tipo, violar lo que está establecido", aclaró.
Reinaldo García Zapata defendió la idea de que Cuba no es un estado fallido, porque en pocos días se restablecieron los servicios de electricidad y agua en la capital.
El huracán Ian dejó a su paso 1,297 viviendas afectadas en La Habana, de las cuales 38 fueron derrumbes totales y 1387 parciales; aunque los principales daños son en los techos de 993 casas, según datos oficiales.
A esta situación se suman los atrasos en la construcción de viviendas correspondientes al plan estatal; las personas que permanecen albergadas a la espera de que le construyan su domicilio; el deterioro del fondo habitacional de La Habana y las demandas de los ciudadanos porque no hay una respuesta institucional.
En La Habana se construyeron solo 4,692 viviendas durante el 2021, la cifra más baja de los últimos tres años, según el anuario de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
Una de las medidas anunciadas por el gobierno central para enfrentar la crisis es la venta de los materiales de la construcción al 50 % de su precio, lo que implica que el estado subvencionará la otra mitad de lo que cueste.
El economista cubano Elías Amor, considera que esta decisión es injusta porque no se tiene en cuenta el valor adquisitivo de las personas, sino que es una política de igualitarismo que puede incrementar la brecha económica entre los ciudadanos. También repercute de manera negativa en las cuentas del estado porque generará más déficit fiscal sin que se cumplan los planes de reconstrucción de viviendas.
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