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Estados Unidos endureció su política de sanciones sobre funcionarios y fieles del régimen nicaragüense de Ortega-Murillo, responsables de su comportamiento antidemocrático y reforzamiento autoritario, al impedir la entrada a unos 500 allegados del gobierno.
“El presidente de Estados Unidos amplió las autorizaciones de sanciones para ejercer una nueva y significativa presión sobre el régimen de Ortega-Murillo. Por su parte, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a más de 500 nicaragüenses que impidieron el regreso de su país a la democracia”, indicó este martes el secretario de Estado Antony Blinken.
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La decisión insiste en reforzar la política de sanciones que mantiene Estados Unidos frente a la consolidación de una dictadura en Nicaragua, un país cuyas instituciones están en manos de los partidarios del orteguismo, que contribuyen a la persecución y exclusión de activistas y opositores al régimen.
“Seguimos oponiéndonos a los ataques del régimen a las libertades”, insistió Blinken en su declaración, dirigiéndose a los partidarios del régimen del exguerrillero marxista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Por su parte, el portavoz del Departamento, Ned Price, declaró que “Estados Unidos cree que el retorno a la democracia y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua es esencial y utilizará las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas del régimen Ortega-Murillo”.
Las relaciones de Estados Unidos y Nicaragua han sido especialmente tensas desde la victoria del sandinismo y el acercamiento de sus líderes a Cuba, Rusia y otros regímenes autoritarios.
Las protestas de abril de 2018 y la represión desatada desde entonces -que alcanzó un pico durante las elecciones de noviembre pasado que dieron un cuarto mandato consecutivo a Ortega-, llevaron a Estados Unidos a redoblar su estrategia de sanciones contra responsables de violaciones contra los derechos humanos y de las finanzas del régimen.
Luego de manipular las leyes y las instituciones a su antojo y apresar a una treintena de opositores -incluyendo siete aspirantes a la presidencia-, Ortega allanó el camino para lograr un nuevo mandato y alargar su racha como el gobernante vivo con más tiempo en el cargo en América.
El resultado de unas elecciones sin observación internacional y denunciadas por la oposición como fraudulentas, la contestación popular y la represión desatada por el régimen nicaragüense llevaron en enero a Estados Unidos y la Unión Europea a adoptar nuevas sanciones en una acción coordinada.
Dirigidas contra funcionarios de alto rango del gobierno nicaragüense, y relacionadas con el proceso electoral de noviembre, la acción conjunta apuntó también a personal del Ejército, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos y la estatal Empresa Nicaragüense de Minas.
"El régimen Ortega-Murillo continúa subyugando la democracia mediante la realización de elecciones simuladas, silenciando a la oposición pacífica y manteniendo a cientos de personas como prisioneras políticas", dijo entonces el subsecretario estadounidense de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.
"Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro al presidente Ortega, la vicepresidenta (Rosario) Murillo y a su círculo íntimo de que seguimos apoyando al pueblo nicaragüense en sus llamamientos para la liberación inmediata de estos presos políticos y el retorno a la democracia", agregó.
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