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El gobierno de Estados Unidos aprovechó la visita de dos altas funcionarias del Departamento de Estado para discutir sobre los derechos humanos en Cuba y pidió la liberación de los presos políticos que hay en el país.
La reunión en La Habana de Rena Bitter, subsecretaria de estado para asuntos consulares, y Ur Mendoza Jaddou, directora de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) tuvo como tema central la reanudación del procesamiento completo de visas de inmigrante a partir de enero de 2023.
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"La subsecretaria Bitter expresó su preocupación a los funcionarios cubanos por la situación de los derechos humanos e instó al gobierno a liberar incodncionalmente a todos los presos políticos", dijo la Embajada de Estados Unidos en La Habana a través de un comunicado.
Sin embargo, no hay detalles sobre la respuesta de la parte cubana al abordarse el tema de los derechos humanos en el país.
El MINREX emitió un comunicado en el que solo destacó la importancia de la reanudación de los servicios migratorios y consulares de Estados Unidos en Cuba y se mostró dispuesto a contribuir "con los pasos necesarios para el pleno funcionamiento" del proceso.
"Genial para visitar la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. El equipo se está preparando para la reanudación completa del procesamiento de visas de inmigrantes, que junto con el programa de Parole para la Reunificación Familiar Cubana recientemente reanudado, ayudará a facilitar un viaje seguro y legítimo a los Estados Unidos", escribió Bitter en Twitter.
En este año varios informes de organizaciones internacionales han alertado del deterioro de los derechos humanos en Cuba, agudizado tras las protestas ciudadanas del 11J.
Un documento elaborado en abril por el gobierno de Estados Unidos incluyó a Cuba como uno de los países violadores de los derechos humanos, destacando la injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad, las restricciones a la libertad de expresión y al acceso a Internet, la violencia contra periodistas, la censura y las leyes penales contra la difamación utilizadas contra las personas que critican el liderazgo del gobierno, entre otras.
Asimismo, la sociedad civil independiente cubana critica al gobierno comunista por enjuiciar a los activistas y opositores por causas comunes, resultado de la nula separación de poderes existentes en el país y la imparcialidad en los juicios contra los detenidos.
Aunque no hay cifras oficiales de la cantidad de presos por motivos políticos en Cuba, grupos independientes como Justicia 11J y Cubalex contabilizan en el último año unas 1,758 personas detenidas, de las cuales 749 continúan en prisión y 678 han sido juzgadas.
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