El ciudadano cubano español Mario Josué Prieto Ricardo, condenado a 12 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente el 11J, intentó lanzarse de un quinto piso ante la mirada atónita de su madre, sanitarios y oficiales del Ministerio del Interior (MININT) en Holguín.
Los hechos tuvieron lugar el 5 de noviembre en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucia Íñiguez Landín, de la ciudad de Holguín, donde había ingresado a mediados de octubre pasado con sospechas de esclerosis múltiple, tras haber estado un mes en la enfermería de la Prisión Provincial de ese territorio.
Lo sucedido no sorprende a la familia que ha tenido que lidiar con los padecimientos psiquiátricos de Prieto desde que era un adolescente. “Yo llevo un año y pico diciendo que lleven a Josué al médico, pidiendo que lo vea el psiquiatra”, dijo a CiberCuba Niurka Ricardo Hidalgo, madre del preso político.
Desde los cinco años, el joven, quien legalmente es residente en Estados Unidos, padece de síndrome depresivo, agravado tras la muerte de su hermana en ese país y durante el presidio político. Desde muy joven ha estado ingresado bajo tratamiento por sus crisis depresivas y en dos oportunidades anteriores había intentado quitarse la vida.
Tercer intento suicida
El 5 de noviembre Prieto estaba siendo trasladado de su sala para realizarle exámenes por síntomas de apendicitis.
"Salimos por el pasillo del quinto piso. Venía un guardia con él llevando la silla, uno por delante, la jefa de sala y yo. Lo traían esposado por los pies, esposado por las manos en silla de ruedas. El no se mató porque venia en silla de ruedas y por la mano de Jehová, porque si llega a venir en una camilla, a la altura que está el muro, él se mata", relató la madre del joven.
“Mira, nosotros no sabemos cómo, de qué manera, si él está esposado pies y manos, él logra saltar de la silla de ruedas al muro. Y uno de los guardias le tiró mano y lo agarró así, por las esposas de los pies. Él se quedó colgado”, cuenta.
Niurka no puede recordar en detalles, solo repite que aquello fue una locura. “Lo que recuerdo es que un guardia lo cogió por el cuello y como que se iba con él, y yo halando al guardia, y mis gritos, y la gente corriendo. Yo ni sé cómo lo subieron”, agrega.
Niurka comprende la desesperación de su hijo que no solo ha sido condenado a 12 años de cárcel por sedición, un delito contra la seguridad del estado, solo porque participo pacíficamente en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Holguín.
Además, la Seguridad ha impuesto trabas para que su hijo tenga acceso a asistencia letrada y para que finalmente los médicos puedan determinar el diagnostico neurológico del preso político.
El móvil del suicidio
En poco más de un año de presidio político, la salud de Prieto se ha deteriorado considerablemente. Se ha contagiado con COVID en dos oportunidades, ha tenido escabiosis, picaduras de chinches y ha perdido el 70% de la visión del ojo derecho. Su estabilidad emocional también se ha visto seriamente comprometida.
En septiembre ingresó en la enfermería del hospital de la prisión y en octubre ya no podía valerse por sí solo, de acuerdo con las declaraciones entonces de la familia a CiberCuba.
A pesar de ello, la Seguridad de Estado negó a la familia el derecho de acompañarlo en el hospital y el preso político debía depender de la asistencia de otros reos ingresados en la sala penal del hospital “para bañarse y hacerlo todo”, había denunciado su novia, Roxana Hernández Estrada.
“Él no podía ni comer, el llego aquí en una camilla que no se podía ni valer por el mismo”, dijo Niurka y agregó que incluso la familia y el personal médico del hospital solicitaron que la novia o la madre pudiera asistirlo con su aseo “y ni eso, nunca lo permitieron”.
“Y yo mirando que otros internos que han estado ahí los han sacado por estar operados y otras cosas y los familiares los ayudan. ¿Por qué a él, en estas condiciones, no?", cuestiona la señora quien comprende que su hijo tiene razones para estar desesperado.
Tampoco la Seguridad autorizó el traslado del joven para la sala de Neurología, en contra del criterio médico que sospecha una esclerosis múltiple aun sin confirmar porque han desaparecido registros clínicos que pudieran probarlo.
La historia clínica
De acuerdo con exámenes previos, Mario Josué “tiene una Neuropatía retrobulbar óptica desmielinizante, por eso es la falta de visión que tiene en ese ojo… esa es una de las causas, como inicia una esclerosis múltiple”, dice la madre replicando las palabras del neurólogo que lo atiende.
La prueba que daría el diagnóstico definitivo de una esclerosis múltiple es una resonancia magnética realizada en Santiago de Cuba el 4 de noviembre, cuyos resultados preliminares les fueron entregado al personal sanitario de la prisión y no a los médicos del Clínico Quirúrgico que atienden al paciente.
“Sus papeles han desaparecido por arte de magia, la resonancia... ¿Con qué objetivo desaparecen sus papeles? ¿Qué mano está detrás de todo eso?”, denuncia la madre.
La pérdida de los registros médicos es algo que tiene a Mario Josué descompensado. De hecho, recuerda la madre, el día que intentó suicidarse, la familia tuvo unas palabras con el personal médico y los oficiales del MININT sobre la desaparición inexplicable que obstaculiza un diagnóstico por el que pudieran otorgar una licencia extrapenal al joven enfermo.
“Es que no hay justicia, alguien tiene que ponerse la mano en el corazón. A todos intimidan, presionan, yo no sé lo que está pasando”, lamenta entre sollozos.
A lo anterior se suma la falta de medicamentos. El joven, quien presenta una leve mejoría motora en comparación con el estado casi vegetativo en el que entró al hospital, no sale de la depresión. Mejoró los temblores, pero cuando la familia no puede garantizar los medicamentos y la prisión no los provee, comienza a involucionar visiblemente. La benadrilina, omeprazol y metilprednisolona se 'consiguen' o se compran por gestión de familiares y amigos, pero el clonazepam le ha faltado hasta por cuatro días y los temblores regresan.
Indefensión legal
Por si todo lo anterior no bastara, las autoridades cubanas niegan al también ciudadano español que cuente con la representación legal de un abogado de su elección.
Hace aproximadamente un mes, un abogado español se ofreció para representar a Mario Josué, sin embargo, todo ha sido obstáculos.
Primero, las autoridades indicaron a la familia del preso político que se necesitada un poder notarial, luego que debía ser a través de consultoría jurídica con el importe de miles de pesos que lleva el trámite, por ser el joven ciudadano español.
“Yo fui a la embajada lo pedí allí también, para hacerlo todo como se debe, pero no, Cárceles y prisiones no lo permite. No dejan que la notaría venga para que Mario Josué lo firme”, dice, frustrada, la madre que ya no sabe qué hacer y ha agotado todas las vías posibles para que las autoridades tengan en cuenta el delicado estado de salud de su hijo.
A mediados de septiembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, envió un dictamen sobre el caso de Prieto al gobierno español.
El informe, remitido además a Naciones Unidas, asegura que "se han cometido errores jurídicos evidentes y se trata de una situación grave y humanitaria, con peligro para la vida del ciudadano español". Ahora la situación es mucho más complicada.
“Si Mario Josué vuelve para la prisión el se va a suicidar. Se va a matar, si aquí lo hizo delante de nuestros propios ojos. ¿Quién lo va a cuidar allí? Alguien tiene que ayudarme, algo tiene que pasar. Mi hijo no se puede morir”, suplica la madre desesperada.
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