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El gobierno cubano autorizó el pago en efectivo de los impuestos sobre documentos públicos para la prestación de servicios notariales y registrales ante la escasez de sellos timbrados.
La resolución 685/2022, del Ministerio de Justicia (MINJUS), también autoriza el cobro por medios electrónicos a notarías, registros de la propiedad, registros mercantiles y en los bufetes especializados.
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Esta operación podrá hacerse "cuando las personas naturales o jurídicas que solicitan dichos servicios no puedan entregar los sellos que acreditan el pago del referido impuesto en soporte físico", detalla la nueva normativa, que entró en vigor este viernes.
El MINJUS aclaró que los registros del Estado Civil expiden certificaciones son el sello timbrado solo para surtir efectos en las notarías y bufetes especializados, donde se pagará el impuesto y el registrador dejará constancia en el propio documento.
Todas los trabajadores del MINJUS implicados en el proceso "están obligados a explicar con claridad a las personas los argumentos de este procedimiento, y facilitar los trámites y conocimiento de las variantes de pago del impuesto sobre documentos públicos y, especialmente, garantizar que reciban los servicios con respeto, amabilidad, desempeño ético, profesional y diligente, con educación formal y decencia", dice la resolución.
Por último, destacan que esta medida es de aplicación únicamente a las certificaciones expedidas para surtir efecto en el territorio nacional.
A raíz del incremento en los servicios notariales en Cuba y el déficit de sellos timbrados, el gobierno ha adoptado distintas medidas para hacer frente a la crisis, una de ellas fue limitar la venta a la población.
En noviembre la empresa Correos de Cuba anunció que limitaba hasta 3 unidades para las denominaciones de 10, 20, 40, 50, 125, 500 y 1,000 CUP y hasta 5 unidades para la denominación de 5 CUP.
A pesar de que se prometió para diciembre la impresión de unos siete millones de sellos, es insuficiente ante el incremento de solicitud de certificados de nacimiento, matrimonio y antecedentes penales, como parte también de la crisis migratoria que vive el país.
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