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Naciones Unidas acusó al gobernante Daniel Ortega y a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, de crímenes de lesa humanidad en ese país centroamericano, según comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“El Gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas”, apuntó este jueves el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en el que se pide a la comunidad internacional que se impongan sanciones a las instituciones o personas involucradas.
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La nota sostiene que “los presuntos abusos -que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país- no son un fenómeno aislado, sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.
También subraya que estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y “constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”.
“La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”, apunta en el informe el experto independiente Jan Simon.
“Las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”, sostuvo el experto, quien considera que “el objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
Según este informe, ejecuciones extrajudiciales fueron llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales, de manera conjunta y coordinada, durante las protestas del 18 de abril al 23 de septiembre de 2018.
Asimismo, refiere que el régimen de Ortega obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.
Además, aseguran que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional, entre otros miembros de grupos armados progubernamentales, cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.
El informe encontró, también, que el régimen nicaragüense ha utilizado la detención arbitraria como una herramienta para silenciar a sus críticos y que se realizan numerosos arrestos con uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de grupos armados progubernamentales.
Apuntaron que “muchas personas fueron detenidas sin orden judicial y recluidas en régimen de incomunicación”.
La información señala que desde diciembre de 2018, al menos 3144 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior, y que la situación sigue empeorando.
El informe destaca, además, que en febrero de 2023 las autoridades nicaragüenses despojaron a 222 personas de diversos perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país, tras acusarlas de ser “traidores a la patria”.
En ese mismo mes, la Corte de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero, además de imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de sus bienes a favor del Estado.
En análisis concluye que “el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han puesto en práctica estos crímenes, y continúan haciéndolo a la fecha de este reporte”.
El informe, además, instó al régimen nicaragüense a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un organismo independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se estableció en marzo de 2022 para realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
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