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La Legislatura de Florida aprobó un controversial proyecto de ley que busca cerrar con clavijas las puertas del estado a los inmigrantes en situación irregular, y penaliza con sanciones de cárcel a las personas que los transporten o les brinden apoyo dentro del territorio.
La Cámara de Representantes estatal aprobó con votación de 83-36 la propuesta legislativa HB1617 la tarde del martes, con el respaldo de la mayoría republicana, luego de que la pasada semana el Senado también la avalara por amplio margen partidista de 27-10.
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El único voto que cruzó las líneas partidistas fue de la representante cubanoamericana Vicki López, republicana por Miami, quien se unió a los demócratas en contra del proyecto de ley.
"El cielo tiene fronteras, el infierno no las tiene”, dijo Kiyan Michael, legislador por Jacksonville al cerrar los debates en el hemiciclo de la Legislatura estatal en Tallahassee.
Para que se promulgue oficialmente como ley solo falta ahora la firma del gobernador Ron DeSantis, lo que es pura cuestión de trámite, pues el texto constituye uno de los pilares de la estrategia del político republicano con vistas a su eventual candidatura presidencial.
La ley entraría en vigor el 1 de julio próximo.
De hecho, el proyecto fue el espaldarazo legislativo que solicitó DeSantis para avalar su polémico programa de reubicación, luego de enviar a un grupo de inmigrantes, mayoritariamente venezolanos, desde Texas a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, en medio de una encendida polémica con el gobierno federal.
“Se impondrán sanciones penales a las personas que a sabiendas y deliberadamente violen, o que razonablemente deberían saber y que violen ciertas disposiciones relacionadas con el transporte hacia o dentro de este estado, o la ocultación, el encubrimiento o la protección contra la detección, o el intento de detección, de personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos”, indica una de las cláusulas de la legislación.
La ley deberá firmarla DeSantis en los próximos días, instaurando la más radical plataforma antinmigrante en la historia reciente de Florida.
Las regulaciones de la ley pudieran afectar múltiples negocios y actividades laborales en el sur de Florida, donde se concentra una amplia comunidad empresarial hispana y cubana, y que se nutre de fuerza de trabajo inmigrante. Turismo, construcción, mudanzas, servicios domésticos y otras áreas pudieran verse severamente dañadas.
El tema del control migratorio y la crítica a la situación de la frontera sur se ha erigido en factor de movilización de DeSantis para agitar la base de votantes republicanos y ganar apoyo tanto para su reelección a la gobernatura estatal como para sus claras aspiraciones de llegar a la Casa Blanca.
La propuesta legislativa concede $12 millones de dólares para la iniciativa de reubicar inmigrantes en otros estados, y aplica reglas estrictas a las instituciones y los residentes del estado a la hora de relacionarse con los indocumentados.
Entre las disposiciones contenidas en la legislación se encuentran, además:
- Ampliar los requisitos para que los negocios que cuenten con más de 25 empleados utilicen el sistema federal E-Verify, que determina los individuos que pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
- Prohibir a las entidades gubernamentales estatales y locales hacer negocios con empresas que transporten a "extranjeros no autorizados" a Florida, a menos que sean trasladados para facilitar la "detención, expulsión o salida de la persona de este estado o de Estados Unidos". Aerolíneas, empresas de ómnibus y contratistas independientes pueden continuar trasladando a inmigrantes indocumentados dentro del estado a nombre del gobierno federal, pero podrían arriesgarse a perder un contrato estatal o local.
- Impedir que los gobiernos locales financien organizaciones para emitir documentos de identidad a personas que se encuentran de manera ilegal en el país.
- Invalidar las licencias de conducción emitidas en otros estados y que estén en posesión de inmigrantes no autorizados.
- Sancionar con penas de entre cinco y 15 años de cárcel a residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses que protejan, encubran o viajen en su mismo vehículo con una persona indocumentada, lo que podría considerarse una felonía de tercer grado.
- Ordenar a los hospitales con pacientes inscritos en el programa Medicaid que incluyan una pregunta sobre estatus migratorio en los formularios de ingreso, y realicen reportes trimestrales al Departamento de Salud de Florida.
La aprobación de la ley por ambos cuerpos camerales del Congreso estatal continúa la escalada del gobierno de Florida contra la inmigración, incluyendo una ley anterior de 2019 que prohibió las llamadas ciudades santuario en el estado.
Tanto la bancada demócrata como organizaciones cívicas y religiosas, activistas y abogados de inmigración han calificado la ley como una acción cruel e inhumana, movida por intereses políticos.
La Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Coalición de Inmigrantes de Florida, American Friends Service, American Business Immigration Coalition (ABIC) y la Arquidiócesis de Miami han manifestado su rechazo a la ley, que probablemente sea retada en los tribunales como inconstitucional.
La política de inmigración es una potestad del gobierno federal y se rige por leyes aprobadas por el Congreso, sin que los estados tengan jurisdicción para reformarla o rechazarla, aunque recientemente DeSantis y otros gobernadores como Greg Abott, de Texas, han considerado que es hora de cerrar filas en sus territorios para mandar un mensaje a Washington y detener el flujo incontrolado de inmigrantes hacia sus territorios.
El pasado mes un tribunal federal de apelaciones desestimó un recurso de inconstitucionalidad, presentado contra la ley de eliminación de las ciudades santuario de Florida.
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