El gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantiene su postura firme contra la inmigración ilegal y ha anunciado su intención de vetar el proyecto de ley aprobado por la legislatura estatal. Argumenta que su propuesta ofrece soluciones más contundentes, entre ellas, un control estricto sobre el envío de remesas desde Florida a otros países.
Durante un evento en Palm Beach, DeSantis criticó la legislación vigente en el estado, conocida como la "Ley Trump contra la inmigración ilegal", y reafirmó su intención de bloquearla.
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Su administración impulsa medidas adicionales para desincentivar la inmigración indocumentada, enfocándose en el dinero que los inmigrantes envían a sus países de origen.
Uno de los pilares de su propuesta es la implementación de un sistema que verifique el estatus legal de quienes envían remesas.
Según DeSantis, las transferencias de dinero al extranjero representan un incentivo para la inmigración indocumentada, ya que permiten a personas sin documentos generar ingresos en Estados Unidos y enviarlos a sus familias o, en algunos casos, a organizaciones ilícitas.
"Muchas de estas personas provenientes de países del tercer mundo pueden ganar más dinero aquí haciendo trabajos informales que en sus propios países. Luego, envían ese dinero en forma de remesas, a veces a familiares, a veces a amigos, y en ocasiones a carteles, si somos sinceros", afirmó el gobernador.
Para restringir este flujo de dinero, DeSantis propone que solo los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales con visas puedan enviar remesas, excluyendo a los inmigrantes indocumentados.
Su plan contempla la implementación de un mecanismo similar a E-Verify, el sistema que ya exige a las empresas con más de 25 empleados verificar el estatus migratorio de sus trabajadores.
"Ya tenemos E-Verify en Florida, y queremos aplicar un sistema similar para el envío de remesas", explicó.
Según datos de los Bancos Centrales y del Consejo Intergubernamental Monetario Centroamericano, en 2023, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua recibieron cerca de 42,000 millones de dólares en remesas familiares, lo que representa una fuente crucial de ingresos para estos países.
Para DeSantis, bloquear esta vía de financiamiento reduciría el atractivo de ingresar a Estados Unidos sin documentos. "Se acabarían los incentivos para venir ilegalmente porque no podrían enviar las remesas", sostuvo.
Sin embargo, su propuesta no ha sido bien recibida por el liderazgo republicano en la legislatura estatal, que ha optado por centrarse en el combate a los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, en lugar de abordar el tema de las remesas.
El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, subrayó que la prioridad legislativa es endurecer las penas para inmigrantes indocumentados involucrados en actividades delictivas.
"Puede ser que el gobernador no esté de acuerdo con la ley porque no tiene todo el poder que quería para frenar la inmigración ilegal", declaró Pérez.
El enfrentamiento entre el gobernador y la legislatura sigue escalando, con la posibilidad de que DeSantis vete el proyecto de ley aprobado.
Si esto ocurre, los legisladores podrían intentar anular el veto, pero necesitarían el respaldo de dos tercios de los votos, un desafío que pondría a prueba la unidad del Partido Republicano en Florida.
Mientras DeSantis recorre el estado promoviendo su estrategia de control migratorio y financiero, la legislatura se prepara para responder.
El desenlace de este choque político podría definir el futuro de las políticas migratorias en Florida y sentar un precedente para otros estados con altos índices de inmigración.
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