El cubanoamericano Enrique Tarrío, exlíder del grupo extremista Proud Boys, fue declarado culpable este jueves de conspiración sediciosa en relación con el asalto perpetrado contra el Capitolio de Estados Unidos por partidarios de Donald Trump el 6 de enero de 2021.
Tarrío, de 39 años y residente en Miami, fue hallado culpable en un proceso judicial que se extendió por más de tres meses en un tribunal federal de Washington DC, y que incluyó a otros cuatro miembros de su organización por orquestar un complot para obstruir la transición pacífica de poder tras la elección presidencial de 2020.
La culpabilidad de Tarrío y los restantes miembros de los Proud Boys es un hito significativo para el Departamento de Justicia en su investigación sobre los intentos de socavar una transición pacífica de poder en Estados Unidos, y establece un antecedente de peso para un posible encausamiento del expresidente Trump por su presunta instigación de la revuelta.
El jurado encontró culpable a Tarrío y otros tres miembros de los Proud Boys -Ethan Nordean, Joseph Biggs y Zachary Rehl- de una gama de cargos que comprenden actos de conspiración sediciosa y otros delitos de obstrucción de la votación del Colegio Electoral y manipulación de pruebas.
En el caso de un quinto acusado, Dominic Pezzola, los miembros del jurado no pudieron llegar a un veredicto sobre el cargo de conspiración sediciosa, considerando que, a diferencia del resto de los acusados, no ocupaba una posición de liderazgo en la organización y estaba inactivo en los chats de sus miembros.
Pero las evidencias mostraron a Pezzola en posesión de un escudo policial con el que rompió ventanas del Capitolio para facilitar la entrada de los revoltosos al lugar, por lo que fue el único culpable de agresión a funcionarios del orden.
En resumen, los cinco fueron declarados convictos de delitos graves que incluyen obstrucción a un procedimiento oficial, obstrucción de las funciones del Congreso, conspiración para impedir que un funcionario cumpla con sus obligaciones, obstrucción a la aplicación de la ley durante desórdenes civiles y complicidad y destrucción de bienes del Estado. El expediente de la fiscalía presentó en total nueve cargos contra los acusados.
No obstante, el juez Timothy J. Kelly ordenó a los integrantes del jurado que continúen deliberando en torno a Pezzola, así como sobre otros cargos contra los cinco acusados para los cuales no se llegó a un veredicto.
En cuanto a Tarrío, logró ser exonerado por el cargo de agresión a funcionarios, porque fue detenido el 4 de enero de 2021 en Washington DC por llevar cargadores de rifle de gran capacidad y se le ordenó abandonar la ciudad, lo que impidió su presencia en las revueltas del Capitolio.
Ahora él y sus compañeros de militancia se enfrentan a una posible sentencia de 20 años de prisión. La condena se conocerá el agosto.
El equipo de la defensa declinó hacer comentarios sobre el fallo, considerando que se trata aún de un veredicto parcial. El abogado cubanoamericano Sabino Jáuregui, quien representa a Tarrío, dijo que estaba en desacuerdo con la decisión del jurado y que se prepara para apelar el caso.
El veredicto contra Tarrío es particularmente relevante, pues la acusación indicó que los acusados emplearon ilegalmente la fuerza y movilizaron la multitud reunida ese día en Washington DC para mantener a Donald Trump en la presidencia e impedir la validación de Joe Biden por el Colegio Electoral.
Durante el juicio, los mensajes y vídeos de los Proud Boys presentados como evidencia mostraron que los miembros de la agrupación llamaron a la violencia contra la presidencia entrante, por considerarla una amenaza contra el país.
El expediente de la fiscalía presentó mensajes enviados por los jefes de los Proud Boys hablando de la “necesidad de la "guerra" y de una "revolución americana", y sugiriendo llevar a los "traidores" ante pelotones de fusilamiento.
Entre los mensajes publicados por Tarrío en grupos y redes sociales figuran los llamados a una "guerra civil" y el eslogan "No Trump... No hay paz. Sin cuartel".
Según los documentos de acusación, Nordean, Rehl, Biggs y Pezzola se reunieron con un centenar de militantes de los Proud Boys cerca del Monumento a Washington, el 6 de enero de 2021, en momentos en que Trump hablaba desde la plaza Elipse, en las cercanías de la Casa Blanca.
Desde allí marcharon desafiantes hacia los terrenos del Capitolio mientras se comunicaban por radio.
"No nos equivoquemos, lo hemos hecho nosotros", escribió Tarrío en las redes sociales durante los disturbios.
El equipo de la defensa insistió en que no había ningún plan para atacar el Capitolio o impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden, e incluso un abogado de Tarrío trató de mover la culpa de lo sucedido hacia Trump, argumentando que el entonces presidente incitó al ataque cuando instó a la multitud a "luchar como si fuera el infierno" mientras repetía la falsa versión de un fraude electoral.
El juicio comenzó el pasado 12 de enero y contó con miles de páginas de evidencias y el testimonio de docenas de testigos de ambas partes. Sólo dos de los cinco acusados -Rehl y Pezzola- testificaron en su propia defensa.
Se estima que, por su duración, el costo del juicio superó el millón de dólares.
De los acusados, Nordean, residente en Auburn, Washington, dirigía una sección de los Proud Boys; Rehl tenía a su cargo la jefatura del grupo en Filadelfia; y Biggs, de Ormond Beach, Florida, se autodenominaba organizador nacional. Pezzola era miembro de una sección del grupo en Rochester, Nueva York.
Tarrío nació en Miami en 1984, fruto de una familia de Matanzas que emigró a Estados Unidos. Antes de cobrar liderazgo en los Proud Boys contaba en su historial con dos causas delictivas: en 2014 fue hallado culpable y condenado por un tribunal federal a 30 meses por su implicación en un plan para reventa de dispositivos médicos robados; en 2003, fue sentenciado a una condena de libertad condicional por el robo de una motocicleta.
Documentos judiciales presentados durante su procesamiento judicial revelaron que tras su detención en 2012, Tarrío tuvo una prolífica colaboración como informante de organismos policiales locales y del FBI, laborando en repetidas ocasiones de forma encubierta.
En 2020 fue aspirante a representante federal por Miami-Dade, pero desistió en el intento. Con posterioridad, lideró protestas agresivas contra miembros del Partido Demócrata en el sur de Florida.
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