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La emisora Radio Bahía del municipio Caimanera justificó el corte de internet en Cuba tras las masivas protestas protagonizadas en esa localidad por manifestantes pacíficos que reclamaban “comida” y “libertad”, y que fueron duramente reprimidas por el régimen cubano.
Los medios independientes “vienen con el numerito de que si quitaron Internet, que si bla, bla, bla... Bueno, y si así fue… ¿qué?” dijo la emisora oficialista en un post de Facebook en el que se hizo eco de las “reflexiones” de un funcionario del régimen sobre lo acontecido.
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Preocupado por la soberanía nacional, el usuario Pedro Cuba se preguntó si la información que circula libremente por internet no podía comprometerla, y comparó el alcance y normativa internacional sobre el ciberespacio con el del “espacio radioeléctrico donde ya están establecidas internacionalmente las leyes que prohíben ese tipo de agresión”.
Para Radio Bahía y Pedro Cuba, “el problema es que la injerencia en los asuntos internos de las naciones es una constante, dado el alcance global de las redes”. Si en el país ocurre una protesta (aunque sea legítima y pacífica, como la de Caimanera), el gobierno tiene el derecho a cortar internet y solucionar el problema como mejor entienda, incluso mediante el empleo desproporcionado de la violencia, vinieron a defender ambos perfiles.
“Supongamos que el acceso a la red tuviera fronteras exclusivas dentro de cada país. En ese caso, cada quien resuelve los problema desde el punto de vista comunicativo como lo establecen las leyes en su territorio”, sostuvo la emisora de los caimanerenses, invocando la cacareada interpretación del régimen acerca de la “soberanía nacional y la injerencia en los asuntos internos”.
Construida como bastión de sus intereses, el régimen cubano ha fabricado con estos conceptos una doctrina con la que defiende su violento ejercicio del poder, interpretando a su conveniencia los principios del Derecho Internacional de “no intervención” y “derecho de autodeterminación de los pueblos”.
Detrás del argumento de la “soberanía nacional” y la “no injerencia en los asuntos internos”, el régimen de La Habana se desentiende de las críticas de otros actores internacionales que comparan su ejercicio del “monopolio de la violencia” con el propio de un Estado de terror, violando impunemente los derechos humanos de sus ciudadanos.
Sin embargo, para Radio Bahía y Pedro Cuba, el régimen tiene el derecho de “defender su integridad y su estabilidad política” de la manera que entienda soberanamente, sin que nadie discuta la naturaleza de la supuesta amenaza (un reclamo ciudadano) o las vías para neutralizarla (la represión). Son “asuntos internos” de un Estado “soberano”.
“Imagínese que yo pase por su casa, en el instante en que usted está tratando un problema con su familia, que me pare en su puerta, que entre sin pedir permiso, que meta en la conversación de su familia e incite a su hijo, hija, hermana hermano o cualquier otro familiar a que lo agreda a usted, y si usted se defiende, que salga a la calle a contar una historia distorsionada del problema y a gritar que usted es un sinvergüenza”, ejemplificaron.
Utilizando su mismo argumento comparativo, se podría describir la situación en estos términos: si un padre golpea a su hijo en una discusión familiar, usted siga de largo y no se pregunte por los derechos del menor ni haga pública su denuncia. Deje que “la familia” solucione sus problemas como mejor entienda, aunque vaya en contra del “interés superior del menor” y demás interpretaciones jurídicas del caso.
Con otras palabras, Radio Bahía y Pedro Cuba vienen a defender esta hipótesis. Creyendo que así consolidan así la tesis que sostiene que Cuba es “soberana” para actuar como entienda el gobierno, sin “injerencias en sus asuntos internos”, la emisora local y el funcionario avalan el comportamiento violento y totalitario de un régimen que lleva más de sesenta años en el poder, negando derechos y libertades a “sus hijos”.
“Si Cuba se defiende, defiende su integridad, su estabilidad política; eso le atañe a Cuba y los cubanos. Todo lo demás es polvo y humo. Aquí quien manda es el pueblo trabajador; el que tiene que decidir, es el pueblo trabajador. Aquí no se rinde nadie”, concluyeron los portavoces oficialistas, poniendo punto final con una gastada filigrana de la propaganda castrista.
Entonces, si el régimen provoca un apagón digital para que no se difundan acontecimientos críticos que afectan a su “estabilidad política”, está en su derecho, por mucho que el acceso a Internet esté reconocido como un derecho humano por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Díaz-Canel y su séquito, responsables de la profunda crisis de Cuba, pueden disponer a su antojo de Boinas Negras y demás fuerzas represoras del régimen. Da igual lo que diga la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, o lo que sostenga la “Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet” de la OEA.
No importa que la Declaración de ONU deje en claro que no existe razón alguna que justifique la interrupción del acceso a Internet, ya sea de poblaciones enteras o de segmentos de público, ni siquiera por motivos de orden público o de seguridad nacional.
En la Isla de Radio Bahía y Pedro Cuba, los "apagones digitales" y brutales golpizas quedan "en familia".
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