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Un tribunal militar del régimen cubano condenó a ocho manifestantes con penas de hasta nueve años de cárcel por participar en una protesta en julio de 2022 durante un prolongado apagón en el Consejo Popular Covadonga, en el municipio de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos.
La sentencia, a la que tuvo acceso la agencia EFE, indica que los ocho varones de entre 19 y 63 años a quienes se juzgaba fueron en su mayoría encontrados culpables de los presuntos delitos de Desórdenes públicos y Desacato.
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Dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Militar Territorial Central, la sentencia número 13 del 2023, establece penas de prisión de entre 2 y 9 años de cárcel a siete de los acusados y "dos años de trabajo correccional con internamiento como alternativa a la privativa de libertad, a cumplir en establecimiento penitenciario" para el octavo encausado.
Además, el tribunal decidió imponerles como "sanción accesoria" la "privación de derechos" durante un tiempo igual a la pena. Durante el cumplimiento de la pena y hasta que no abonen la "responsabilidad civil" impuesta, los condenados no podrán solicitar pasaporte ni salir del territorio nacional.
El fallo, al que tuvo acceso la citada agencia, indica que el teniente coronel Wuilder Pérez Gamboa actuó como juez, mientras que el teniente coronel José Antonio Comas Llanes se desempeñó como fiscal.
En su sentencia, Pérez Gamboa consideró probado que varios de los condenados iniciaron una protesta en Covadonga a raíz de un apagón en la noche del 30 de julio de 2022, que llegó a congregar entre 600 y 700 personas.
Además, el documento recoge que en la protesta se gritaron insultos contra Miguel Díaz-Canel, y la multitud marchó al grito de "Patria y Vida".
Según el tribunal militar, también hubo casos de Sabotaje y Robo con fuerza en una tienda en MLC. Este extremo fue desmentido por fuentes que declararon a Martí Noticias que la multitud que salió a protestar ese día fue inmensa y su ira se manifestó contra una tienda en moneda libremente convertible (MLC), donde se produjeron daños materiales, pero no se sustrajo ningún artículo.
La protesta en el Consejo Popular Covadonga se produjo en el contexto de otras manifestaciones de descontento de la población cubana, que por esas fechas padecían frecuentes y prolongados apagones, en ocasiones de más de doce horas diarias.
Cacerolazos y protestas en las calles se vieron en pueblos y ciudades del país, especialmente en La Habana, donde las autoridades dieron la orden de reprimirlas con violencia.
Las manifestaciones en Covadonga terminaron con la detención de más de 60 personas en el primer día, y en los días posteriores la cifra ascendió a 200, según datos de organizaciones independientes, citados por Martí Noticias, que resaltó que una valla de bienvenida al poblado con una imagen de Fidel Castro también resultó destruida.
Entre los condenados se encuentran los ciudadanos Pedro Caride Santana, Marcos González Castro, José Armando Castañeda Terrer y Dagoberto Escobar Sosa, quienes fueron acusados de sedición y desacato. Por su parte, Gianny Betancourt Leiva y Seify Carmona Méndez enfrentaron acusaciones de sedición, desacato y sabotaje.
“Ustedes han abandonado un país entero, porque no es este pueblo… es Cuba entera”, indicó uno de los vecinos a las autoridades durante las protestas, según imágenes compartidas por redes sociales. “El problema no es la corriente…. es la miseria y el hambre”, sentenció tajante otra joven. “Estamos cansados”; “¿Hasta cuándo?, “No tienen moral”, “Estamos asfixiados”, gritaron otros.
En una comparecencia televisiva en junio de 2022, el gobernante Miguel Díaz-Canel admitió ser consciente del clima de creciente descontento popular por los constantes apagones, y aseguró que su gobierno tenía intenciones de controlar la capacidad energética durante el verano.
Unas semanas después de esas declaraciones y en medio del empeoramiento de la situación y del estallido local de algunas protestas ciudadanas, el gobernante pidió a los cubanos no protestar por la falta de electricidad, asegurando que hacerlo sería responder a presuntos planes desestabilizadores contra el gobierno.
En un comunicado emitido por esas fechas, la organización Justicia 11J afirmó que las protestas respondían directamente “tanto a las crisis energéticas y económicas en el país (entre otras, sistémicas o estructurales), como a la falta de libertades y al rechazo a las figuras del poder político y las limitadas vías de participación”.
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