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El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y el Gobierno de La Habana impusieron multas de hasta 8,000 pesos a establecimientos estatales y no estatales, dedicados principalmente a la venta de alimentos, en un segundo operativo de control de precios minoristas en la capital cubana “en beneficio de la población”, según las autoridades.
Un comunicado publicado en la página web del MFP informó que, los días 4 y 5 de este mes, “se impusieron multas comprendidas en el rango de 500 y 8,000 pesos” a “establecimientos estatales y no estatales, fundamentalmente en venta de productos alimenticios”.
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Entre las principales violaciones encontradas estuvieron la “venta de productos ilegales y fuera del proyecto, facturas sin precios visibles, reventa de cigarros de la canasta básica, violación de los precios concertados, así como productos del agro con mala calidad y por encima de los precios acordados”, indicó la publicación.
Aunque en la nota firmada por la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del ministerio no se especificó la cantidad de las multas impuestas, si se aclara que estas fueron “en su mayoría aplicadas según lo establecido en el Decreto 30 y el Decreto Ley 45 del año 2021 del Consejo de Estado”.
El Decreto 30/21 establece las medidas a aplicar por “la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas”, mientras que el Decreto Ley 45/21 regula “las contravenciones personales en el ejercicio del trabajo por cuenta propia” en el país.
La fiscalización de precios -la segunda desde agosto pasado- se realizó en 14 municipios de la provincia La Habana, con la excepción del Cotorro.
El MFP aseguró que “el control de precios es un trabajo priorizado” que busca cumplir “las directivas generales para la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales”.
La información señala, además, que entre los principales objetivos de estas inspecciones están revisar los precios y tarifas de las entidades estatales de subordinación nacional para los bienes y servicios de mayor impacto para la población; la comercialización de bienes que están listos para la venta por parte de trabajadores no estatales; y la evaluación de los precios ofertados de acuerdo con los productos que han sido regulados, dando prioridad a los rubros agrícolas y alimentarios industrializados.
Esta ofensiva del régimen que, según el comunicado, pretende “dar seguimiento a las deficiencias detectadas en el chequeo del mes de agosto”, cuenta con la aprobación de muchos ciudadanos, sobre todo de segmentos vulnerables como las personas de la tercera edad, cuya capacidad de compra se reduce ante la creciente elevación de los precios de los productos de primera necesidad, en particular los alimentos.
Sin embargo, estas cruzadas no parecen ser la solución al galopante ascenso de los precios en el país y al crecimiento de la inflación.
El propio ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, señaló en una reunión de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en julio de este año que “los precios han aumentado en Cuba un 18% en lo que va de 2023, y un 45% con respecto a igual periodo de 2022”, reportó el diario oficial Granma.
En esa misma oportunidad el funcionario precisó que “las medidas adoptadas para el control de los precios aún no logran su objetivo fundamental, debido a determinados factores que inciden sobre su implementación y cumplimiento”.
La aguda escasez de alimentos en Cuba también ha intensificado los esfuerzos del gobierno para reducir la alta tasa de inflación, que se traduce en mayor costo de vida para la población. El economista Pedro Monreal ha calificado estas acciones como disparos “con cañones a los gorriones”, cuando lo indispensable y decisivo es cambiar la política económica del país .
Recientemente, un operativo policial en La Habana dejó un saldo de 42 multados. Según las autoridades estos trabajadores particulares “aplicaban precios abusivos a sus productos y no poseían la documentación que avalara la licitud de los mismos”.
También existen problemas con el cobro de las multas impuestas. En abril de este año, el MFP dio a conocer que infractores y sancionados de La Habana adeudaban 275 millones de pesos en multas impuestas durante 2022.
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