La familia que vivía en la edificación donde cayó un balcón en 2020 que mató a tres niñas denunció que las autoridades les quieren imponer entre seis y siete años de cárcel.
“Nos están imputando siete años de privación de libertad para mí y para mi esposa, y seis años para mi hermano y mi tío”, dijo Adrián Frómeta González en declaraciones difundidas por Mario J. Pentón.
“Nos están culpando de que nosotros tumbamos el balcón que mató a las muchachitas, cuando allá arriba en esa casa los únicos que trabajaron fueron organismos de SECONS [Servicios de la Construcción], que pertenecen al Estado", se quejó el denunciante.
Frómeta González denunció que nadie venía a revisar el trabajo que ellos estaban haciendo y aseguran que ahora él, su esposa y otros dos familiares se han convertido en chivos expiatorios de la tragedia.
Según relatan, entraron como testigos en el juicio sobre lo ocurrido y acabaron como imputados sin pruebas concluyentes de que ninguna maniobra hecha por ellos en su vivienda ocasionara la caída del balcón.
“Lo único que hicimos mi hermano, mi tío y yo, que los llamé para que me ayudaran, fue a echar un derretido porque los huecos que tenía el suelo eran muchos. Por ese simple hecho hoy nos están echando siete años", se quejó el joven, quien precisó que el resultado de la respuesta del Tribunal Supremo a la apelación tardó apenas 36 días de los 90 estipulados.
El denunciante se queja de que obviaron muchos puntos en el expediente y argumenta que expertos con más de 40 años en la construcción dijeron que el balcón se cayó debido al mismo escombro, a las mismas vibraciones resultantes de tumbar todas las paredes de las plantas superiores, algo que aseguran que fue hecho por una entidad del Estado.
A ellos se suma que se trata de una edificación de más de cien años, que arrastra -como muchas en la capital- una falta de mantenimiento.
“Ya no tenemos miedo a que pase lo que tenga que pasar. No podemos cumplir por una acusación injusta. No tenemos antecedentes penales, somos personas vinculadas a la sociedad, cubanos de a pie como todos”, añadió Frómeta, quien explicó las consecuencias emocionales que ha generado en la familia la acusación.
Regla Isabel Rodríguez, propietaria de esta casa y esposa de Frómeta González, detalló que desde 2014 ella se venía pronunciando en entidades sobre el pésimo estado de la edificación y argumenta que Vivienda municipal se desentendió y que fue el PCC y Vivienda provincial las que respondieron, dejando inconclusa la situación y sin respuesta a sus quejas. Ahora ellos se han convertido en víctimas de un proceso injusto.
"Yo no soy una delincuente, soy leída y estudiada [...] Nosotros tenemos nuestra verdad ... aquí nadie tiene culpa. La reparación la hizo la gente del gobierno. Vivimos en la planta baja, no tengo nada que ver con la caída del balcón. Me podía haber caído a mí arriba. Nosotros no podemos cargar la culpa", argumentó Regla Isabel Rodríguez.
"Con mi verdad voy a seguir luchando", concluyó la mujer sobre el trágico derrumbe que en enero de 2020 ocasionó la muerte de tres niñas en la esquina de las calles Águila y Revillagigedo.
La tarde del lunes 27 de enero de 2020 tres niñas de entre 11 y 12 años, alumnas de sexto grado, perdieron la vida cuando volvían a sus casas tras salir de la escuela primaria Quitín Banderas y un balcón se desplomó sobre ellas.
Varios vecinos del edificio se habían quejado de que el derrumbe había sido producto de negligencias, pues el edificio lo habían comenzado a demoler desde la parte trasera, y no pusieron avisos de peligro ni acordonaron el lugar para así evitar accidentes como el que acabó ocurriendo.
Las víctimas se nombraban María Karla Fuentes y Lisnavy Valdés Rodríguez, ambas de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años. María Karla falleció al instante y sus amiguitas en el hospital poco después. Estas dos últimas eran hijas únicas de sus padres.
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