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Cuba volvió a ser incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora cada año el gobierno de Estados Unidos, informó el Departamento de Estado.
El informe de 2022 sobre "terrorismo en el mundo" publicado este jueves confirma a Cuba, junto a Corea del Norte, Irán y Siria en el listado.
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A estas naciones Washington les impone una serie de sanciones, como la prohibición de venta de armas con ese país, un elevado control a sus exportaciones, mayores requisitos para los visados (lo cual ha afectado a los cubanos con ciudadanía española) y varias sanciones económicas.
También contempla restricciones en la ayuda exterior que, en lo relativo a créditos y préstamos, afectan al régimen de La Habana.
La Administración estadounidense encabezada por el demócrata Joe Biden considera que el Gobierno cubano no respondió formalmente a las solicitudes de extradición de los líderes del ELN Pablo Tejada y Pablo Beltrán presentadas por Colombia.
Recuerda que en noviembre, de conformidad con una orden del presidente colombiano Gustavo Petro, el Fiscal General de Cuba anunció que se suspenderían las órdenes de arresto contra 17 comandantes del ELN, incluidos aquellos cuya extradición Colombia había solicitado anteriormente.
Washington señala, además, que la isla continúa albergando a varios prófugos de la justicia estadounidense buscados por cargos relacionados con violencia política. Muchos de ellos han residido en la nación caribeña durante décadas.
Cuba fue incluida por primera vez en ese listado en 1982 y figuró hasta 2015, cuando el presidente Barack Obama levantó la restricción como parte de la política de deshielo hacia la isla.
"Cuba fue designada previamente como Estado Patrocinador del Terrorismo en 1982 debido a su larga historia de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales.", expresa el informe del Departamento de Estado publicado hoy.
Sin embargo, en 2021 volvió a ser incluida casi al finalizar el mandato de Donald Trump, cuya Administración consideró que La Habana protegía a miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cuales habían viajado a esa ciudad para iniciar negociaciones de paz con el Gobierno del país sudamericano.
"En 2021, el Departamento de Estado determinó que Cuba había prestado apoyo en repetidas ocasiones a actos de terrorismo internacional en los seis años transcurridos desde que se había rescindido su designación. Citando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la petición de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que vivían en La Habana después de que ese grupo se atribuyera la responsabilidad del atentado de 2019 contra una academia de policía de Bogotá en el que murieron 22 personas y otras 87 resultaron heridas", argumenta.
Si bien la actual Administración de Biden ha revertido algunas políticas de Trump, como la eliminación del límite de remesas para Cuba; a pesar de los reclamos de La Habana se ha negado a sacar a la isla del listado de países que patrocinan el terrorismo.
En meses recientes, los acercamientos diplomáticos mediante visitas de delegaciones de alto nivel a La Habana, viajes de funcionarios gubernamentales cubanos a Estados Unidos y reuniones para fijar estrategias comunes en temas migratorios y de seguridad, tejieron la percepción de que se aproximaba una flexibilización de la política de la Casa Blanca.
Las señales sobre la posible salida de Cuba de la lista que comparte con Irán, Siria y Corea del Norte, parecieron aflorar también luego de las gestiones del Papa Francisco y su enviado especial a La Habana, el cardenal Beniamino Stella, quien pidió al gobernante Miguel Díaz-Canel la liberación de presos políticos, especialmente los involucrados en las manifestaciones del 11J.
Sin embargo, en septiembre pasado se informó que la isla continuaría en el listado.
El gobernante Miguel Díaz-Canel y su canciller, Bruno Rodríguez, han exigido en reiteradas ocasiones a Washington sacar al país del listado, pues no reconoce los señalamientos que hace el gobierno estadounidense y alega que la inclusión en esta categoría tiene serias implicaciones económicas para la nación caribeña.
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