Estados Unidos restringirá visas a funcionarios y empleados de aquellos gobiernos y organizaciones que contribuyan al "tráfico de médicos cubanos", entre otras medidas aprobadas recientemente como parte de la Ley de Asignaciones Estatales, de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el Año Fiscal 2024.
Así lo anunció el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart en una conferencia de prensa celebrada este miércoles, donde además informó del incremento del presupuesto de Radio y TV Martí previsto en esa legislación, así como la prohibición de uso de fondos federales para las pequeñas empresas de Cuba (llamadas Mipymes) vinculadas al régimen.
A finales de marzo, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley en apoyo a la democracia en Cuba que recogía estas medidas bajo el título de Ley de Asignaciones Adicionales Consolidadas 2024, escrita por Díaz-Balart.
El texto proponía la asignación de 25 millones de dólares para financiar la promoción de la democracia en Cuba, lo que representa un incremento del 25% con respecto a años anteriores. Además, incluía la propuesta de destinar otros 25 millones de dólares para la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, que engloba a Radio y TV Martí.
Con la aprobación este miércoles por parte del Senado de Estados Unidos del paquete de financiación final para el año fiscal 2024 (con una abrumadora votación de 74 a 24), se abren las puertas para financiar las políticas de promoción de la democracia en Cuba contempladas en la propuesta de Díaz-Balart.
La Ley de Asignaciones Estatales, de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados (SFOPS) para el año fiscal 2024 proporciona 58,346 millones de dólares en financiamiento total para el Departamento de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros programas relacionados esenciales.
“El proyecto de ley SFOPS para el año fiscal 24 invierte en el compromiso, la competitividad y el liderazgo global de Estados Unidos en un momento crucial en el que se cuestiona nuestro papel en el escenario mundial”, declaró el senador Chris Coons (D-DE), presidente del Subcomité de Asignaciones del Senado sobre Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados.
Por su parte, la senadora Patty Murray (D-WA), presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, consideró que “este proyecto de ley rechaza recortes dramáticos que habrían abdicado del liderazgo de Estados Unidos y abandonado compromisos clave que hemos asumido con nuestros socios y aliados” y reconoció que “invertir en diplomacia, en nuestras alianzas y en la construcción de un mundo más seguro y próspero es una inversión en nuestra seguridad y competitividad nacional”.
El proyecto de ley incluye $11.8 mil millones para que el Departamento de Estado y USAID lleven a cabo su misión vital en todo el mundo y continúen invirtiendo en la modernización de su fuerza laboral en el campo de la diplomacia y el desarrollo.
Además, en el marco de la promoción de los derechos humanos y la gobernanza democrática, el proyecto de ley continúa con docenas de disposiciones que abordan la fragilidad global y reflejan los valores al fortalecer la buena gobernanza y proteger los derechos humanos, incluida la financiación para la Corte Penal Internacional mientras presenta cargos contra altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, por cometer crímenes de guerra en Ucrania.
Las misiones médicas cubanas
El gobierno de Estados Unidos mantiene a Cuba en la “lista negra” del tráfico de personas, al considerar que incumple los estándares marcados por la ley para la protección a las víctimas e impedir esta forma de tráfico.
El régimen cubano ha sido señalado en el capítulo dedicado al tráfico de personas organizado por las propias autoridades del país. Junto a Rusia, Siria o Irán, la administración Biden incluye a Cuba entre los países agrupados en el capítulo “Cuando el gobierno es el traficante: trata de personas patrocinada por el Estado”.
“Algunos gobiernos son parte del problema, obligando directamente a sus ciudadanos al tráfico sexual o al trabajo forzado… Para extraer los beneficios de este trabajo o servicio, los gobiernos coaccionan amenazando con retirar las prestaciones públicas, reteniendo salarios, amenazando con castigar a familiares, o condicionando los servicios, la alimentación o la libertad de movimiento”, indicó el documento.
En el caso de Cuba, el gobierno de Estados Unidos identificó una “política o patrón documentado sobre trata de personas en programas financiados por el gobierno y trabajo forzoso en servicios médicos afiliados al gobierno”.
En ese sentido, en su Informe de Tráfico de Personas de 2022, Estados Unidos destaca que durante el periodo estudiado hubo una "política del Gobierno o patrón de beneficio" de los programas de exportación de trabajadores "con fuertes indicios" de trabajo forzoso.
Las misiones médicas cubanas en otros países constituyen para el Departamento de Estado un claro ejemplo de tráfico de personas. La Habana "siguió desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros empleando tácticas engañosas y coercitivas" y sin abordar "violaciones laborales y delitos de tráfico", aseguró el informe.
Entre otras alegaciones, EE.UU. acusó a Cuba de no informar a los participantes en esos programas sobre los términos de sus contratos, que varían de país a país. También de confiscar sus pasaportes, acreditaciones profesionales y salarios, y amenazar a los profesionales sanitarios y sus familiares si abandonaban esas misiones.
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