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El Parlamento Europeo aprobó una resolución que prohíbe la entrada a sus locales a cualquier representante del régimen cubano, marcando un punto de inflexión en las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Cuba.
La medida responde directamente a la negativa de Cuba de permitir la entrada a una delegación europea invitada oficialmente, una acción que fue percibida como una falta de respeto y reciprocidad diplomática, según resaltó la organización Prisoners Defenders en un comunicado.
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La Resolución "pide que, de conformidad con los principios de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo del ADPC UE-Cuba, se adopten medidas similares por las que se deniegue el acceso a los locales del Parlamento Europeo a cualquier representante de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del régimen cubano".
La controversia comenzó en otoño de 2023, cuando el Parlamento Europeo (PE) decidió enviar una delegación ad-hoc a Cuba, en respuesta a múltiples peticiones y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en la isla.
Esta delegación, elegida democráticamente y compuesta por miembros de diversos grupos políticos del Parlamento, tenía como objetivo evaluar la situación y fomentar un diálogo abierto y respetuoso.
Sin embargo, la respuesta de Cuba fue inesperadamente hostil. A pesar de haber extendido inicialmente una invitación formal, las autoridades cubanas cancelaron abruptamente la visita. En una carta dirigida al presidente de la delegación, Javier Nart, y otros miembros, el régimen cubano los acusó de mantener relaciones con "terroristas internacionales", una acusación infundada que tensó aún más las relaciones.
Ante esta situación, y guiado por los principios de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo establecidos en el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) UE-Cuba, el PE votó de manera abrumadora a favor de una resolución que restringe el acceso a sus instalaciones a representantes del régimen cubano.
La Resolución P9_TA(2024)0122, redactada por Nart, miembro del grupo Renew Europe, y respaldada por la presidenta del Parlamento Europeo, se implementó con efecto inmediato.
Además, el texto "reitera su llamamiento al Consejo para que aplique el régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos (la denominada 'Ley Magnitski de la UE') y adopte sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba, empezando por sancionar a Miguel Díaz-Canel, como figura de mayor rango en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, así como a otros altos funcionarios del Gobierno cubano y a todos los responsables del encarcelamiento de presos políticos".
Esta medida refleja la firmeza del PE en mantener su integridad como institución y su compromiso con el Estado de Derecho en Europa. Según Nart, esta acción no busca escalar un conflicto diplomático sino más bien asegurar que las interacciones futuras con Cuba se realicen en un marco de respeto mutuo y cooperación.
El hecho de que los diplomáticos cubanos no hayan respondido a la resolución sugiere que aún están evaluando su impacto y posibles respuestas. Según Prisoners Defenders, el PE espera que esta medida sirva como un recordatorio de la importancia del respeto mutuo en las relaciones internacionales.
Mientras tanto, la comunidad internacional y los observadores políticos están atentos a cómo esta situación afectará la cooperación entre la Unión Europea y Cuba, especialmente en áreas clave como los derechos humanos y la ayuda humanitaria.
La decisión del Parlamento también plantea preguntas sobre cómo se manejarán futuras interacciones diplomáticas y qué pasos adicionales podrían considerarse si no se resuelve el impasse, como la posibilidad de suspender el ADPC con Cuba y apoyar más decididamente a la sociedad civil.
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