La Organización de Estados Americanos (OEA) ha presentado el séptimo informe anual del Instituto Casla, encargado de compartir con Latinoamérica las lecciones de democracia y economía que pueden sacarse de la transformación de los países ex comunistas de Europa del Este. Ese estudio, elaborado por expertos internacionales independientes, denuncia la asesoría cubana en la maquinaria represiva de Venezuela y solicita a la Corte Penal Internacional que investigue su intervención y participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, leyó en la presentación del informe el testimonio de una víctima venezolana de tortura que cuenta cómo la colgaron bocabajo y le azotaron en los pies con latigazos, que le hicieron saltar las uñas a los pocos días. "Había un cubano, que riéndose le decía a quien me azotaba: 'Me parece que no le estás dando con suficiente fuerza. Creo que voy a tener que enseñarte cómo se hace'. Ese cubano me azotó brutalmente los pies".
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"Después de las manifestaciones de 2014, Maduro se puso al frente de la persecución, apoyado con la experiencia del régimen cubano en materia de represión y seguimiento, aplicación de técnicas intimidatorias, de tortura para someter a opositores y disidentes, permitiéndoles su participación en la planificación y ejecución de las torturas y violencia sexual", añadió Sujú.
Desde el Instituto Casla han identificado una unidad semisecreta del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) dedicada al adiestramiento de agentes en lo que llaman Base Cien. Ahí, altos oficiales cubanos se dedican a la formación de funcionarios que se infiltran en los partidos políticos. Esta unidad es un calco del Departamento Técnico cubano llamado KJ (puede tener otro nombre en estos momentos), que se dedica al chequeo visual, aunque también tiene una unidad analista y otra de detención, explica Sujú.
En marzo de este año, añade la directora del Instituto Casla, denunciaron al régimen cubano en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano. "Pedimos al equipo de investigación de la Corte Internacional que lleva el caso de Venezuela, investigar al régimen cubano por su participación directa en la formación, planificación de la represión, persecución y en la inducción de crímenes tipificados en el Estatuto de Roma", recalcó.
La denuncia comprende tres partes. La primera es un compendio sobre los antecedentes de la injerencia cubana en Venezuela y la penetración e imposición del modelo ideológico castro-comunista en todas las instituciones públicas, organismos de seguridad e inteligencia y Fuerzas Armadas Nacional, donde testigos de Cuba y Venezuela narraron para la Corte cómo sucedió esta fusión. La segunda comprende testimonios de militares y civiles y su experiencia con el Gobierno cubano, bien sea porque trabajaron con ellos dentro de la estructura institucional, porque fueron formados y adiestrados en Venezuela y en Cuba por oficiales cubanos o porque tuvieron directamente contacto con agentes militares o de inteligencia cubana. La tercera parte incluye los testimonios de las víctimas de torturas inducidas o ejecutadas por oficiales cubanos, conjuntamente con oficiales venezolanos, insistió Tamara Sujú.
Para esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, el Instituto Casla obtuvo los ocho acuerdos confidenciales firmados entre Cuba y Venezuela el 26 de mayo de 2008, por el general Álvaro López Miera, en aquel entonces, viceministro de las Fuerzas Armadas de Cuba y jefe del Estado Mayor y el general Gustavo Reyes Rangel Briceño, ministro del Poder Popular para la Defensa. López Miera es actualmente ministro de la Defensa de Cuba.
El primer acuerdo entre Venezuela y Cuba habla de la creación y condiciones de permanencia en Venezuela del Grupo de Coordinación y Enlace de Cuba. El segundo, sobre el desarrollo del Servicio de Inteligencia Militar y el tercer acuerdo, sobre la asistencia técnica en la esfera de contrainteligencia
Por otra parte, el informe añade que el Instituto Casla ha detectado un "aumento demencial de persecución sistemática generalizada" en Venezuela, con decenas de perseguidos y torturados psicológicamente, incluyendo a "dirigentes políticos, sindicalistas, directores y miembros de ONGs, influencers, activistas, familiares de personas perseguidas".
"En Venezuela se siguen denunciando crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas temporales, tortura, detenciones arbitrarias. El trabajo de derechos humanos, de defender a aquellos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos debe ser entre todos. Para tener un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad debemos quitarnos prejuicios ideológicos", señaló Luis Almagro, secretario general de la OEA en loa presentación el informe.
"El Informe Anual sobre Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela del Instituto Casla, presentado en la OEA, expone ante nuestro continente y en esta organización las denuncias de crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela. Es importante señalar e identificar la cadena de mando en la comisión de estos crímenes y establecer las responsabilidades individuales dentro de las estructuras represivas. Este informe es otro paso clave en ese camino a la justicia", añadió Almagro.
"Como en informes anteriores, en este también se presentan evidencias sobre los tormentos a los que son sometidas las víctimas venezolanas. El informe también trae un recuento de las denuncias en cuanto a desapariciones forzadas temporales, violación del derecho a la defensa e impedimento a los abogados de confianza de solicitar diligencias de investigación. Los organismos de inteligencia que van a buscar a los familiares de los detenidos, el sometimiento a torturas físicas y psicológicas, amenazas de muerte y contra sus familias, violencia sexual y de género", concluyó.
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