Una treintena de personas fueron juzgadas en Camagüey en nueve casos de minería ilegal, según informó este domingo Cubadebate, citando como fuente la Presidencia del Tribunal Provincial Popular de ese territorio.
Los casos se produjeron en Guáimaro y el municipio cabecera.
Los acusados -cuyas identidades no han sido difundidas- fueron sancionados con penas que oscilan entre los seis meses y los dos años de privación de libertad y/o multas de 200 a 500 pesos.
La fuente oficialista no dio detalles sobre cada uno de los casos, e indicó que los procesados recibieron medidas penales “de acuerdo a las características personales de cada acusado, la lesividad social de los hechos, si eran primarios, reincidentes o multireincidentes, más la conducta social en el área de residencia”.
La mina de San Jacinto, en Guáimaro, fue uno de los focos de la ilegalidad.
Aunque la fuente oficialista no ofreció detalles de los casos, sí indicó que los implicados afectaron el patrimonio geológico de Cuba, además de que corrieron el riesgo de contraer enfermedades letales, entre ellas varios tipos de cáncer, malformaciones y enfermedades respiratorias vinculadas con la contaminación emanada de los metales.
La fuente precisó que la empresa geominera de la provincia ha sufrido “consecuencias económicas” derivadas del “impacto medioambiental” causado por las extracciones ilegales.
Las autoridades cubanas llevan más de una década intentando frenar el fenómeno de la minería ilegal, que se ha disparado desde 2013.
La ley de Minas indica que "el subsuelo es propiedad del Estado, único autorizado a la extracción de minerales con fines investigativos y explotación".
Los “cazadores” de oro se dedican mayoritariamente a explotar algunos pequeños yacimientos que quedan fuera de las rutas principales y donde a las propias empresas estatales no les sale rentable intervenir.
En 2018 el diario Granma alertó de la muerte de dos personas en Holguín por inhalación de gases durante la extracción ilegal de oro. En ese mismo incidente hubo tres heridos graves y uno leve.
Entre febrero y octubre de 2023 en Ciego de Ávila fueron juzgadas más de 60 personas por este tipo de delitos. La cifra fue baja en comparación con la de 2021, cuando fueron sancionados 300.
En abril, Manuel Marrero Cruz, advirtió en una reunión sobre la importancia de continuar con el combate a la minería ilegal, del que dijo que “no es un tema cerrado”.
Además de lo dispuesto en la Ley de Mina, la Constitución de Cuba dispone que los yacimientos minerales y las minas “son de propiedad socialista”, y precisa que, para explotarlos, sean del tipo que sean, se requiere una concesión minera que tramita la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) y otorga el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o el titular del MINEM, en dependencia del mineral de que se trate.
En Cuba está aprobada la minería artesanal para piedra con destino a la construcción, arena y arcillas, pero no incluye ningún otro tipo de explotación minera.
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