Cubana defiende a su sobrino multado por vender aguacate en calle de Santiago de Cuba

“No dejan a la juventud tranquila vivir”, dijo la mujer.


Una cubana salió en defensa de su sobrino ante una posible sanción por parte de inspectores locales y de la policía por vender aguacate en una calle de Santiago de Cuba.

“No dejan a la juventud tranquila vivir”, dice la mujer en un video compartido por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en su perfil de Facebook.

“El que arrebata, no lo cogen, al que está en banda (de delincuentes) no lo cogen, entonces ellos que están sentados ahí, buscándose su vida, porque aquí en este país no hay vida”, decía con voz alterada la mujer para denunciar la ineficacia de la policía contra los delitos graves.

En el video compartido se puede apreciar como dos inspectoras, una de ellas tratando de ocultarse de la cámara, junto a dos policías están llenando un talonario de multas.

El joven se negó a firmar la multa y un motorista intentó calmarlo debido a que se alteró por la medida tomada por las autoridades.

Este hecho se inscribe en la cruzada gubernamental contra los vendedores privados, a quienes acusan de subir los precios, en un país donde el desabastecimiento y la inseguridad alimentaria crecen cada día, sin que el gobierno ponga tope a la situación.

En Santa Clara, por ejemplo, los inspectores se vanaglorian de cierres de negocios y de recaudaciones de dinero a través de las multas, cuando el trabajo de prevención no se realiza y lo primordial es atacar el problema ya creado y sobredimensionado por causa de las malas decisiones gubernamentales.

Incluso, las multas no conocen límites y son puestas hasta personas con alguna discapacidad física o mental, como sucedió en La Habana cuando dos inspectoras impusieron 9,500 pesos de multa a un cubano discapacitado y padre de cuatro niños por vender cigarrillos en una parada de ómnibus.

De igual forma, un operativo policial contra carretilleros que vendían productos agrícolas en La Habana terminó con la imposición de multas a 42 de ellos.

Según informó el gobierno de la capital, estas personas estaban violando lo establecido en sus proyectos de trabajo.

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