Un juez federal ha anulado el Parole in Place (PIP) de la administración Biden, un programa que otorgaba estatus legal a unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y alrededor de 50,000 hijastros en situación irregular para que iniciaran sus trámites de residencia permanente (Green card) en Estados Unidos.
El juez J. Campbell Barker, designado durante el gobierno de Donald Trump y perteneciente al Distrito Este de Texas, ya había suspendido temporalmente la regulación y en su fallo reciente declaró que la anulaba definitivamente, señalando que el Congreso no había autorizado al poder ejecutivo para implementar dicha política.
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La decisión se dio tras una demanda liderada por el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, y apoyada por otros 16 estados, quienes argumentaron que la medida excedía la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Campbell Barker determinó que el DHS carecía de la autoridad legal necesaria, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, para establecer el Parole in Place, una política diseñada para ofrecer opciones de residencia sin requerir que los solicitantes salieran y reingresaran al país.
Bailey justificó la acción legal afirmando que los estados debieron intervenir debido a la falta de acción del gobierno federal para asegurar la frontera sur.
Esta política, que se implementó en medio de la campaña electoral del Partido Demócrata, buscaba simplificar el proceso de solicitud de residencia para los cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses.
El programa permitía a más de medio millón de cónyuges e hijastros indocumentados ajustar su estatus migratorio y obtener una tarjeta de residencia sin salir de Estados Unidos, evitando así la Ley del Castigo, que impone sanciones de tres a diez años a quienes dejan el país tras una permanencia indocumentada prolongada.
Sin embargo, las autoridades estatales advirtieron que su implementación aumentaría los gastos en servicios públicos como salud, educación y seguridad.
El fallo judicial, emitido este jueves, se da en un contexto en el que la demanda fue respaldada por estados como Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming, junto con la organización America First Legal, que cuestionó la constitucionalidad del programa.
El Parole in Place contemplaba que los interesados debían cumplir varios requisitos, incluyendo la residencia continua en Estados Unidos desde 2014 y un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense antes de 2024.
Los solicitantes presentaban su aplicación mediante el Formulario I-131, un documento de viaje que el USCIS aceptaba sin costo adicional, aunque las tarifas administrativas para completar este trámite en 2024 ascendían a 580 dólares.
El fallo plantea preguntas sobre la capacidad del poder judicial para intervenir en decisiones presidenciales, según observa la prensa estadounidense.
La separación de poderes en Estados Unidos permite que el poder judicial, a través de la “revisión judicial”, evalúe la constitucionalidad de las órdenes presidenciales o políticas de los departamentos gubernamentales.
De esta forma, cualquier persona o grupo que considere una orden ejecutiva inconstitucional puede presentar una demanda en un tribunal federal.
En este caso, el juez federal puede emitir una orden de suspensión que paralice la política hasta un fallo definitivo. Si el gobierno federal no está conforme, puede apelar y llevar el caso a la Corte Suprema, asegurando revisiones en varios niveles.
Tras la anulación, el grupo America First Legal, junto con 14 estados, celebró la decisión judicial que impide, según sus declaraciones, un intento de "amnistía masiva" por parte del gobierno de Biden.
El fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, también elogió la decisión, afirmando que el fallo frena los esfuerzos de la administración por eludir las leyes de inmigración.
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