La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba anunció que se han iniciado procesos penales en las provincias de La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila contra personas que participaron en protestas por los continuos apagones que han afectado al país.
Esta confirmación se produce en medio de una crisis energética agravada por el reciente paso del huracán Rafael, que dejó gran parte del país sin electricidad, tras sucesivos colapsos del sistema electroenergético nacional (SEN).
Según el comunicado de la FGR, a los manifestantes se les imputa delitos de atentado, desórdenes públicos y daños, y se les ha impuesto la medida cautelar de prisión provisional. El órgano represor del régimen cubano subrayó que los incidentes incluyeron agresiones a autoridades e inspectores que resultaron en lesiones y alteraciones del orden público.
Este extremo no pudo ser confirmado en las recientes imágenes de protestas que circulan por redes sociales, en las que, más allá de gritos y cacerolazos, el comportamiento de los manifestantes se aprecia como pacífico, sin expresiones de violencia.
El contexto de las protestas y las reacciones oficiales
El huracán Rafael, que azotó la isla con vientos de hasta 186 kilómetros por hora y lluvias torrenciales de 195 milímetros, provocó el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante tres días consecutivos.
Aunque la red eléctrica logró unificarse después de casi 48 horas, la falta de electricidad persiste en muchas áreas. En La Habana, solo la mitad de los casi dos millones de habitantes tiene actualmente acceso a electricidad, mientras que en el resto del país, los cortes continúan debido a la incapacidad del SEN de generar suficiente energía para satisfacer la demanda, un problema crónico que se ha intensificado.
La respuesta del gobierno cubano ante las protestas no ha sido de conciliación. En declaraciones anteriores, el gobernante Miguel Díaz-Canel había señalado que los manifestantes actuaban bajo las "orientaciones de operadores de la contrarrevolución cubana desde el exterior".
“Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados desde los consejos de defensa desde las organizaciones, del partido, del gobierno de las administraciones para dar la respuesta a la población a cualquier inquietud, siempre que se haga de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada”, apuntó el gobernante a finales de octubre.
“Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo, y esa es una convicción, y ese es un principio de nuestra revolución”, añadió.
Denuncias de detenciones y represión
Organizaciones de derechos humanos como Cubalex, con sede en Estados Unidos, han reportado al menos ocho detenciones arbitrarias en Encrucijada, Villa Clara, por protestas relacionadas con los apagones.
Asimismo, la ONG Justicia 11J señaló que en La Habana se registraron al menos tres protestas durante la noche del viernes, lo que marcó la segunda jornada consecutiva de manifestaciones en la capital.
Estas protestas, caracterizadas por cacerolazos y marchas pacíficas, evidencian el descontento generalizado de la población que enfrenta apagones y dificultades cotidianas.
La FGR enfatizó en su comunicado la importancia de mantener el orden, la disciplina y el respeto hacia las autoridades, y recordó a los ciudadanos la necesidad de cumplir con la "legalidad socialista".
Sin embargo, la represión y las detenciones han suscitado nuevas preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en Cuba, un país gobernado por un régimen totalitario comunista que reprime a quienes lo denuncian o critican por sus violaciones de derechos humanos y falta de libertades cívicas y políticas, como la de expresión y manifestación.
Impacto en la vida cotidiana y la respuesta comunitaria
La crisis energética, exacerbada por la incapacidad del SEN para producir la electricidad necesaria, ha llevado a los cubanos a enfrentar jornadas sin luz, lo que afecta desde el almacenamiento de alimentos hasta el acceso a servicios básicos.
A pesar de los mensajes de recuperación que el régimen ventila con su propaganda, los cubanos continúan enfrentando largas horas de oscuridad y un clima de incertidumbre que alimenta el malestar social.
Las detenciones en Encrucijada han generado un sentimiento de frustración entre los familiares y vecinos de los arrestados, quienes defienden el derecho a manifestarse ante una situación que consideran insostenible.
Este clima de tensión pone en evidencia las dificultades que enfrenta Cuba no solo en el plano económico y de infraestructura, sino también en términos de derechos civiles y libertades públicas.
Las palabras de la FGR, que resaltan la "correcta observancia de las normas de convivencia social", contrastan con las críticas de la comunidad internacional y la sociedad civil cubana, que piden una respuesta más empática y respetuosa de los derechos ciudadanos.
“Lo único que contrasta con esta determinación de unidad de nuestro pueblo, con estos afanes de -entre todos- superar las adversidades, son algunas personas, un mínimo de personas, la mayoría en estado de embriaguez, que se han comportado de manera… eeeh… indecente”, dijo Díaz-Canel durante una comparecencia a finales de octubre ante el Consejo de Defensa Nacional.
La estrategia del régimen de descalificar a quienes protestan y reclaman sus derechos y libertades es clara y tiene un propósito: el de avisar que esos “no son parte del pueblo cubano” (dividir), y dejar claro que a la llamada “revolución” no le temblará el pulso a la hora de reprimir sus actos (amedrentar).
El comunicado de este sábado de la FGR viene a confirmar que los órganos represores involucrados en esta estrategia ya están trabajando en ella.
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