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El régimen cubano reaccionó de manera predecible y beligerante tras su reincorporación a la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte del gobierno de Estados Unidos, una decisión que, lejos de reconocer la realidad, ha sido calificada por La Habana como una "arremetida imperialista".
La declaración oficial, plagada de retórica propagandística y manipulaciones, se centra en victimizar al gobierno cubano y presentar a Estados Unidos como el agresor, omitiendo cualquier autocrítica sobre las prácticas represivas y el apoyo histórico a grupos extremistas alrededor del mundo.
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El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, recurrió a Twitter para denunciar la medida estadounidense, asegurando que "nada justifica" la decisión y que esta "descansa en la mentira".
Sin embargo, los hechos desmienten el discurso oficial, pues el régimen mantiene una relación cercana con organizaciones terroristas y gobiernos autoritarios, como Rusia, Irán, Corea del Norte, Nicaragua y Venezuela, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional.
En su declaración oficial, el gobierno cubano insistió en culpar a Washington de todos los problemas de la isla, desde la crisis económica hasta el éxodo masivo de ciudadanos, el mayor de la historia reciente. No obstante, las propias políticas del régimen, caracterizadas por la represión, la falta de libertades y la ineficiencia económica, son las verdaderas causas del deterioro de la calidad de vida en Cuba.
El documento publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) recurre a argumentos trillados, afirmando que "el bloqueo y las agresiones" estadounidenses buscan destruir la revolución, mientras ignoran los informes independientes que evidencian la corrupción y la falta de transparencia en la gestión gubernamental.
En ese sentido, la sociedad civil cubana es cada día más consciente del papel de GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), un conglomerado que controla más del 70 % de la economía dolarizada del país y que actúa impunemente contra los cubanos, extendiendo el “clientelismo”, la corrupción y el latrocinio de los recursos del país por parte de una “élite extractiva” que avanza hacia la implantación de un sistema oligárquico, con crecientes desigualdades y basado en la falta de derechos y libertades, tal y como recetan los asesores de Moscú.
Para mayor desvergüenza e impunidad a la hora de mentir, el régimen cubano mencionó en su declaración la reciente marcha del 20 de diciembre en el Malecón habanero, como muestra de adhesión popular al proyecto de dominación que, por más de 60 años, se implantó en la isla bajo el nombre de “revolución”. ¿Con esa movilización controlada por las autoridades y sin espontaneidad ciudadana pretende el régimen cubano sustentar su legitimidad?
El regreso de Cuba a la lista negra de Estados Unidos es una consecuencia directa de su historial de apoyo a movimientos desestabilizadores en la región y su alineación con potencias que desafían el orden mundial promovido por las democracias occidentales. La narrativa del régimen totalitario cubano, que busca atribuir toda responsabilidad a Washington, no logra ocultar el creciente descontento interno ni el deterioro de la situación humanitaria en la isla.
Mientras el régimen insiste en su discurso de resistencia, la realidad muestra una Cuba sumida en la peor crisis de su historia reciente, con una población desesperada por escapar y una economía al borde del colapso. La verdadera arremetida no proviene del exterior, sino de la propia cúpula gobernante, que persiste en su política de represión y desinformación.
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