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Según un reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el medio independiente elTOQUE, al menos 95 personas han fallecido en los últimos cinco años en Cuba a manos de las fuerzas del orden, incluyendo más de 40 muertes de reclusos en 2024.
El documento destaca que, además, 287 personas han sido víctimas de violencia policial no letal en el mismo periodo.
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El reporte es el resultado de una extensa recopilación de datos realizada a partir de denuncias en redes sociales, informes de organizaciones como Cubalex, Justicia 11J y Prisoners Defenders, y testimonios de familiares.
El estudio define la "violencia policial" como el uso indebido o excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado, lo que incluye agresiones físicas y violaciones de derechos humanos, especialmente en el sistema penitenciario cubano.
Según el informe, estas agresiones se dirigen en particular a quienes se oponen públicamente al gobierno, aumentando los riesgos para opositores y prisioneros políticos. "La violencia no solo ocurre cuando alguien muere; existen actos violentos que pasan desapercibidos y son constantes dentro de las prisiones", señalan los autores.
El informe menciona los obstáculos para obtener datos precisos debido a la falta de transparencia de las autoridades cubanas. Esto, según los autores, "limita el debate público y esconde la realidad bajo el tapete", lo que dificulta visibilizar la gravedad de estos casos.
Se han identificado al menos siete tipos de violencia física entre 2018 y 2023: abuso sexual, detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales, negación de atención médica, muerte bajo custodia, uso de armas de fuego y uso excesivo de la fuerza.
Entre los casos más alarmantes está el de Aiser Roque Rivero, un joven de 17 años que murió en febrero de 2023 bajo custodia policial en Villa Clara. Su familia cuestiona la versión oficial de suicidio y su padre, Yoan Roque, sostiene que Aiser vivía bajo constante hostigamiento tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Testigos afirman que el joven fue hallado muerto en circunstancias sospechosas después de anunciar que se plantaría en protesta contra sus carceleros. "El Estado es responsable de la integridad de los detenidos, pero en muchos casos se ignora esta responsabilidad", recalcó el informe.
El reporte también documenta otros casos de muertes bajo custodia estatal. De los 95 fallecimientos registrados, 76 ocurrieron en centros de reclusión, y las causas incluyen suicidios, condiciones médicas no atendidas y, en algunos casos, uso de fuerza letal.
Las autoridades cubanas han mantenido silencio o minimizado la importancia de estos incidentes, y según el informe, solo en contadas ocasiones los responsables enfrentan sanciones.
Uno de los casos más indignantes de impunidad policial es el de la absolución del subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, quien disparó mortalmente al manifestante Diubis Laurencio Tejeda durante las protestas que tuvieron lugar el 11J en la Güinera.
Por otro lado, la violencia no se limita a los centros de reclusión. En los últimos cinco años, 17 personas murieron en espacios públicos tras interacciones con fuerzas de seguridad.
Un ejemplo es el caso de Zinedine Zidane Batista Álvarez, un adolescente que murió en julio de 2022 tras recibir disparos de un policía en Santa Clara. El informe señala que los jóvenes que participaron en las protestas del 11 de julio, como Zinedine, han sufrido constante acoso y agresión por parte de las autoridades.
Además de las muertes, el informe documenta numerosos casos de violencia no mortal. Las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 fueron particularmente violentas, con 129 de los 395 incidentes de abuso policial registrados durante estas protestas. El uso excesivo de la fuerza, las detenciones violentas y el abuso sexual figuran como prácticas recurrentes en el manejo de manifestaciones y detenciones de opositores.
La falta de transparencia y el control estatal sobre los medios impiden que estos casos sean visibles, lo que, según el informe, fomenta la impunidad y agrava la situación de vulnerabilidad de los ciudadanos frente a las autoridades.
La protección de la imagen de las fuerzas de seguridad y la manipulación de la información oficial sobre estos incidentes contribuyen a encubrir la violencia, concluye el informe.
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