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La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso crucial este lunes al aprobar la Ley Bolívar, una legislación bipartidista que busca limitar las operaciones económicas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
La normativa, oficialmente denominada "Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela", fue presentada por los congresistas de Florida Mike Waltz, republicano y futuro asesor de seguridad nacional del presidente electo Donald Trump, y Debbie Wasserman Schultz, demócrata.
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“Debemos mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar expandir las sanciones para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano. Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas”, afirmó Waltz en un comunicado.
El propósito de la Ley Bolívar es “cortar un salvavidas financiero” al gobierno venezolano, explicó el republicano. “Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que luchan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores”, afirmó.
La normativa refuerza sanciones establecidas en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020, que prohíbe al Departamento de Defensa realizar contratos con empresas que mantengan vínculos con entidades controladas por el régimen de Maduro.
Este endurecimiento busca evitar que recursos internacionales sean utilizados para sostener lo que Waltz describió como "el aparato represivo" de Maduro.
La congresista republicana María Elvira Salazar celebró la aprobación en la Cámara Baja, señalando que esta ley representaba un golpe adicional contra la estructura financiera del régimen.
“La legislación corta un salvavidas financiero adicional para el aparato represivo del régimen de Maduro”, expresó en un mensaje difundido a través de X.
El proyecto de ley ahora debe ser discutido y votado en el Senado, donde cuenta con un amplio respaldo bipartidista, lo que incrementa significativamente sus posibilidades de convertirse en ley sin contratiempos.
Este movimiento ocurre en un contexto de tensiones políticas en Venezuela, donde las elecciones presidenciales del 28 de julio fueron calificadas por observadores internacionales como no libres, justas ni democráticas. La oposición denunció fraude tras presentar resultados que favorecían ampliamente al candidato Edmundo González, quien actualmente se encuentra exiliado en España.
En años recientes, la administración de Joe Biden relajó ciertas sanciones económicas para fomentar negociaciones y posibles elecciones libres. Estas flexibilizaciones incluyeron licencias para que empresas petroleras, como la estadounidense Chevron, operaran en Venezuela.
Sin embargo, Waltz criticó estas medidas y enfatizó la necesidad de mantener y ampliar las sanciones para minimizar el acceso del régimen a recursos que podrían ser utilizados para perpetuar el abuso contra la población venezolana.
Estado de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos
Desde 2019, Venezuela y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas formales. Este quiebre se produjo luego de que la administración Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente interino, desafiando la legitimidad de Maduro.
Como respuesta, Maduro expulsó al personal diplomático estadounidense y cerró la embajada venezolana en Washington.
A pesar de la falta de diplomacia oficial, existen canales de comunicación limitados para tratar temas específicos, como la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela o la gestión de la crisis humanitaria.
Estados Unidos sigue reconociendo a las fuerzas opositoras como representantes legítimos del pueblo venezolano, aunque la figura del gobierno interino se disolvió en 2023.
Con la Ley Bolívar, Estados Unidos reitera su postura firme contra las prácticas autoritarias de Maduro, mientras respalda los derechos y la prosperidad del pueblo venezolano en un contexto de relaciones tensas y sanciones económicas estrictas.
El endurecimiento de las sanciones forma parte de una estrategia para limitar el acceso del régimen venezolano a recursos internacionales. Estas medidas afectan especialmente al sector petrolero, principal fuente de ingresos del régimen de Maduro.
En fechas recientes, Maduro aprovechó el triunfo electoral de Trump sobre Kamala Harris para proponer un cambio en la dinámica de las relaciones con Estados Unidos. A pesar de los conflictos y sanciones durante el primer mandato de Trump, Maduro expresó su disposición a un diálogo constructivo, asegurando que su gobierno está abierto a explorar nuevos caminos.
La aprobación de la Ley Bolívar por el Congreso estadounidense refuerza las tensiones existentes, pero deja abierta la posibilidad de cambios en las relaciones con la nueva administración de Trump. Este giro podría tener implicaciones significativas no solo para Venezuela y Estados Unidos, sino para Cuba y toda la región.
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