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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una serie de órdenes ejecutivas en su primer día de regreso a la Casa Blanca, con el objetivo de endurecer las políticas migratorias y reforzar la seguridad fronteriza.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la declaración de emergencia en la frontera con México, la reactivación de la construcción del muro fronterizo y la eliminación de la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.
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Trump justificó estas acciones bajo la premisa de frenar lo que calificó como una "desastrosa invasión" en la frontera sur del país. Según el mandatario, estas medidas son parte de su "revolución del sentido común" y buscan priorizar la seguridad y los recursos de los ciudadanos estadounidenses.
Además, acorde a lo publicado por El País, el nuevo inquilino de la Casa Blanca ordenó la movilización de tropas del ejército para reforzar la vigilancia y frenar la inmigración irregular.
Entre los decretos firmados, destaca la designación de los cárteles de la droga mexicanos y de la pandilla Tren de Aragua como organizaciones terroristas internacionales. Esta medida podría tener implicaciones significativas en la relación bilateral entre Estados Unidos y México, además de abrir la puerta a intervenciones más agresivas en territorio extranjero.
Uno de los puntos más controvertidos de las nuevas disposiciones es la eliminación de la ciudadanía por nacimiento. La orden ejecutiva establece que los hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales, como estudiantes y turistas, no tendrán derecho automático a la nacionalidad estadounidense.
Expertos legales ya han advertido que esta medida podría enfrentar importantes obstáculos judiciales, dado que la decimocuarta enmienda de la Constitución protege este derecho. De hecho, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una demanda en contra de la orden.
Otra medida relevante es la suspensión del programa de asilo, que impide la llegada de nuevos solicitantes desde el 27 de enero. La decisión ha dejado a miles de migrantes en una situación incierta, especialmente aquellos que habían agendado citas mediante la aplicación CBP One, la cual dejó de funcionar repentinamente.
Se espera que muchas de estas acciones ejecutivas enfrenten una fuerte oposición en los tribunales, lo que podría retrasar su implementación.
Mientras tanto, la comunidad migrante y las organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por el impacto que estas políticas podrían tener en miles de familias y en la estabilidad de la región fronteriza.
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