Una jueza federal del Distrito de Columbia, Loren L. AliKhan, ha bloqueado temporalmente la orden de la administración de Donald Trump de congelar las ayudas federales hasta evaluar su legalidad.
La decisión responde a un recurso presentado por Democracy Forward, que argumenta que la orden de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) viola la Primera Enmienda y las leyes gubernamentales sobre órdenes ejecutivas.
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AliKhan suspendió la congelación hasta el lunes, cuando se celebrará una audiencia.
Durante una sesión de emergencia, escuchó argumentos del Departamento de Justicia y del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, que alertó sobre el impacto en beneficiarios.
Jessica Morton, abogada de los grupos afectados, destacó que la medida pondría en riesgo nóminas y pagos esenciales. Sin embargo, el abogado del Departamento de Justicia, Daniel Schwei, alegó que no se han demostrado daños inmediatos.
Impacto y reacciones
El memorando de la OMB ordena pausar temporalmente asistencia financiera para ayuda exterior, ONGs, programas de diversidad y equidad, y proyectos del Green New Deal.
Aunque se excluyeron Medicaid y Seguridad Social, varias agencias estatales de Medicaid tuvieron problemas para acceder a fondos el martes.
Organizaciones como Meals on Wheels alertaron que la medida podría afectar a millones de beneficiarios vulnerables.
Mientras tanto, fiscales generales de 22 estados han anunciado demandas contra la orden de la OMB, argumentando que interfiere con el Congreso, el único con autoridad para decidir el gasto público.
Batalla legal en curso
Este bloqueo es el segundo revés judicial reciente para Trump.
La semana pasada, un juez suspendió su orden de revocar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Dado el impacto de la congelación, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema y convertirse en un debate clave sobre los límites del poder presidencial.
Trump ha enfocado su agenda en desmantelar programas progresistas, eliminando fondos para proyectos de inclusión y el Green New Deal.
Sin embargo, la interrupción de financiamiento afecta desde infraestructura hasta asistencia internacional, generando incertidumbre y posibles nuevos litigios.
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