En marzo de 2025, el gobierno del presidente Donald Trump implementó nuevas medidas migratorias de línea dura, destacando la revocación del “parole” humanitario creado bajo la administración Biden. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que dará por terminado el estatus legal temporal de más de 530 000 migrantes (cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos). Esta decisión, formalizada en un aviso del Registro Federal, entrará en vigor el 24 de abril de 2025 y acorta el periodo de dos años de permiso que originalmente se concedió a estos migrantes para residir y trabajar en EE.UU. con autorización temporal.
A partir de esa fecha, todos los beneficiarios perderán su estatus legal y autorización de empleo y, según el DHS, “deben salir del país antes de la expiración de su parole o enfrentarán la deportación”.
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La cancelación abarca también el cierre inmediato de nuevos ingresos por este programa: se anularán los permisos de viaje pendientes y las solicitudes en curso de patrocinio, así como las tarjetas de trabajo emitidas bajo esta categoría. El aviso oficial enfatiza que el parole es por naturaleza temporal y, por sí solo, no es base para obtener estatus migratorio permanente.
No habrá extensiones ni re-parole para quienes queden sin estatus tras la expiración. Quienes no posean otra vía legal para permanecer deberán abandonar Estados Unidos en un plazo de 30 días.
Esta drástica medida responde a la Orden Ejecutiva 14165 “Asegurando Nuestras Fronteras”, que instruyó al DHS a eliminar los programas de parole categórico. Desde su retorno al poder, Trump ha argumentado que los procesos masivos de parole lanzados por Joe Biden representaron un abuso de la autoridad otorgada por el Congreso.
Cubanos afectados: beneficiarios del parole, I-220A, I-220B y solicitantes de asilo
La comunidad cubana en EE.UU. se encuentra entre las más impactadas por estas medidas. Cuba fue uno de los cuatro países incluidos en el programa CHNV, por lo que miles de cubanos perderán su permiso de permanencia tras la cancelación del parole.
De acuerdo con datos oficiales, unos 110 900 cubanos ingresaron legalmente a EE.UU. bajo este programa entre finales de 2022 y 2024. Muchos de ellos huyeron de la grave crisis económica y política en la Isla. Tras un año en el país, podían acogerse a la Ley de Ajuste Cubano de 1966 para obtener la residencia permanente.
Sin embargo, miles aún no han completado ese proceso y ahora ven peligrar su trayectoria legal. La decisión del DHS detuvo también la tramitación de solicitudes de ajuste de estatus, asilo u otros beneficios migratorios pendientes.
Además de quienes llegaron por vía aérea con parole, decenas de miles de cubanos entraron por la frontera sur durante el pico migratorio de 2021–2023 y recibieron documentos de liberación condicionada, como los formularios I-220A o I-220B. Se estima que unos 400 000 cubanos tienen un I-220A, mientras otros tantos cuentan con un I-220B. Sumados, podrían ser cerca de 600 000 cubanos en esta situación.
El I-220A no es un permiso migratorio sino una libertad condicional dentro de un proceso de deportación abierto. Un fallo judicial en 2023 estableció que no equivale a un parole, por lo que no permite acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Muchos de estos cubanos solo pueden solicitar asilo político, aunque ganar el caso no es sencillo.
Posible deportación masiva y temor en la comunidad cubana
Las organizaciones de derechos de los migrantes y la comunidad cubana en EE.UU. temen que estas políticas sienten las bases para deportaciones masivas. Al perder su protección legal el 24 de abril, decenas de miles de cubanos podrían ser sujetos a expulsión inmediata.
La deportación expedita permite expulsar a ciertos migrantes sin una audiencia ante un juez. Bajo nuevas directrices de ICE, incluso quienes entraron legalmente con parole o I-220A pueden ser deportados de forma acelerada.
El DHS indicó que priorizará la deportación de aquellos que no hayan iniciado ningún trámite legal (asilo, ajuste, TPS, etc.) antes del 25 de marzo. Esto pone en riesgo a miles de cubanos que no han regularizado su situación.
Muchos cubanos llevan meses o años estableciéndose en EE.UU. con trabajo, alquiler y familia. Para ellos, la deportación representa una ruptura devastadora. Algunos ya han sido detenidos por ICE en citas rutinarias.
Reacciones oficiales, legales y sociales
Aliados de Trump y sectores conservadores aplauden la decisión como un paso para restaurar el imperio de la ley. Argumentan que ningún beneficiario tenía derecho adquirido a permanecer y que el parole era por definición temporal.
Por otro lado, organizaciones proinmigrantes, abogados y activistas califican la medida como temeraria y cruel. Han comenzado campañas para orientar a los cubanos y brindar apoyo legal.
Incluso políticos republicanos como la congresista María Elvira Salazar han expresado preocupación por el impacto en los cubanos sin antecedentes. Desde gobiernos locales también se advierte sobre el daño económico y social.
Mientras tanto, miles de familias cubanas viven con miedo e incertidumbre. Muchas narran cómo su “sueño americano” podría romperse de forma abrupta. Algunas han iniciado campañas para obtener apoyo legal antes del 24 de abril.
Fuentes
- Reuters
- The Guardian
- AP News / Miami Herald
- CiberCuba
- DHS (Gobierno de EE.UU.)
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