No son pocos los trabajadores del sector privado en Cuba que coinciden en que el Estado más que un soporte para desarrollar su actividad económica, representa un obstáculo que les empuja a incurrir en ilegalidades.
“No existe una ley que te respalde, todo te conlleva a un delito”, expone un trabajador por cuenta propia en un video divulgado por el medio independiente Cubanet.
A finales del pasado año, el diario oficialista Granma admitió la reincidencia del Estado en lo que denominó “tropiezos” e “incomprensiones” hacia estos trabajadores, lo cual ha hecho más difícil su integración a la economía nacional desde la década de los 90.
Granma reconoció las flaquezas del gobierno en el otorgamiento de personalidad jurídica a las empresas privadas, fallos que obstaculizan el acceso a facilidades como el mercado mayorista y la conexión con el resto del ámbito empresarial.
Pese a que crecen en presencia –al término de 2016 se registraron más de medio millón- los cuentapropistas siguen siendo un grupo vulnerable dentro de la normativa legal cubana.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, ha reportado confiscaciones, multas arbitrarias, altos impuestos, acoso y extorsión por parte de autoridades e inspectores, así como limitaciones a la libre iniciativa por razones políticas.
Por este motivo, la organización se vio motivada a principios de este año a crear una plataforma de denuncias en orden de defender los derechos de este sector emergente.
Sucesos como el decomiso el pasado marzo en Santa Clara de más de 10.800 artículos de plomería y ferretería, así como más de un millón de pesos cubanos a unos 239 trabajadores, han sido abordados por los propios medios oficialistas
Desde la isla las autoridades justifican estas multas como "violaciones graves en el trabajo por cuenta propia" recogidas en el Decreto-Ley 315 de 2013, incluyendo el “incumplimiento de medidas higiénico-sanitaria e impagos del espacio para llevar a cabo la comercialización”.
“Me recordaron hasta mi repatriación, me dieron a entender que podían anularla (…) Yo tengo que viajar para comprar la materia prima que no encuentro en Cuba, y ellos me dejaron saber que podían acabar con eso, como mismo me advirtieron que podrían acabar con mi negocio”, dijo otro trabajador en el reportaje de Cubanet.
Según el medio, lo que provocó el acoso de la policía fueron las declaraciones que hizo el cuentapropista a la prensa independiente sobre la falta de libertad económica que existe en el país.
Desde enero de 2014, el gobierno comenzó con algunas limitaciones comerciales dentro de la nueva apertura hacia la actividad no estatal como la prohibición de la venta de ropa importada, resume la publicación.
En mayo de 2016, anunció el tope de los productos del agro en las Resoluciones 157-C y 162, y en julio del mismo año, se toparon los precios del transporte privado, que provocó un intento de protesta del sector.
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