La fórmula del gobierno cubano para impulsar la producción agropecuaria pone una camisa de fuerza a los pequeños agricultores

Comprender la contradictoria fórmula con que el gobierno cubano pretende incentivar la producción agropecuaria en la Isla es un verdadero reto.

Basta analizar sus ingredientes para confirmarlo: altos impuestos, por un lado, y condiciones más ventajosas para la entrega de tierras en usufructo, por otro.

Cuando te adentras en su complejo entramado, te percatas de que no está diseñada para estimular, sino que más bien persigue presionar con medidas impositivas a los pequeños agricultores (propietarios o usufructuarios de tierra, tenedores de ganado sin tierra y productores individuales de alimentos de origen animal o vegetal), para que exploten las tierras ociosas, ya sea cultivándolas o criando animales en ellas.

Como es lógico, quienes tienen terrenos en desuso prefieren cultivarlos en lugar de pagar el impuesto sobre la Ociosidad de las Tierras Agrícolas y Forestales –así se denomina–, dispuesto en la Ley No.113 del Sistema Tributario de 2012, pero puesto en vigor este año, solo para las provincias de Pinar del Río y Cienfuegos; por la Ley No.125 del Presupuesto del Estado para 2018.

Sus cuantías van desde 45 hasta 180 pesos por hectárea, según la calidad de la tierra, y su destino es financiar y fomentar el desarrollo de los proyectos agropecuarios de la Isla.

Y bueno, está también el otro ingrediente de la fórmula ya mencionado: las nuevas modificaciones establecidas para la entrega de tierras en usufructo por el Decreto Ley No. 358 de 2018, y su reglamento, el Decreto No. 350 según los cuales, ahora se concederá un mayor número de hectáreas a cada productor (persona o empresa), por 20 años prorrogables en lugar de 10; les será posible ampliar las bienhechurías (instalaciones como las que necesitan el tabaco y la ganadería) hasta un 3% del área total de la tierra recibida y a las personas naturales se les autorizará el uso de superficies inactivas pertenecientes a la ganadería comercial para la cría y ceba de ganado.

¿Ejemplos de cómo la siembra de tierras en desuso ha garantizado la producción agrícola? En Pinar del Río (municipio San Luis) el cultivo de hortalizas en las superficies ociosas de las vegas de tabaco mejoró el abastecimiento de vegetales a la población, de acuerdo con el testimonio de una pobladora recogido en Cubanet, publicado el pasado 7 de agosto, bajo el título En Pinar: más impuestos y menos ganancias para los productores.

Sin embargo, la mujer también aseguró que esos productos podrían desaparecer, por causa del descontento que otro impuesto ha generado entre los productores: el establecido sobre los Ingresos Personales. He aquí el ingrediente que hace que la fórmula del gobierno sea contradictoria.

El texto revela, además, que dicho tributo fue presentado a los pequeños agricultores como “una forma de contribuir a la patria y evitar que aumente la desigualdad”; pero que en realidad es un “leonino impuesto sobre las ganancias”, con cuya aplicación se “espera que disminuyan las producciones agrícolas” y que también repercutirá negativamente “en el abastecimiento de alimentos a la población”.

¿Cuánto hay de realidad en estas aseveraciones?

Tal vez mucho ¿Por qué? Pues debido a la elevada cuantía del tributo que incidirá en que disminuyan sustancialmente las ganancias anuales de los pequeños agricultores y, por consiguiente, sus deseos de producir.

De acuerdo con un plegable elaborado por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), a partir de julio de 2018, las entidades a las cuales los usufructuarios venden sistemáticamente sus mercancías les descontarán a estos, como pago a adelantado del Impuesto sobre los Ingresos Personales, un 5% del monto resultante de las ventas totales y esas empresas serán las encargadas de aportar dicho porcentaje al Presupuesto del Estado.

Pero la cosa no termina ahí. Además de esos pagos, el próximo año (2019) cada pequeño agricultor estará obligado a presentar a la ONAT la declaración jurada (DJ-12) establecida para que este sector efectúe la liquidación anual del tributo. En ella podrán restar todo el dinero obtenido en el año anterior, 10.500 pesos como cantidad mínima libre de impuestos; un 70% como gastos, los otros tributos que hayan aportado (excepto el que grava las tierras ociosas), o sea el establecido sobre la utilización de la fuerza de trabajo y la contribución a la seguridad social, pero también deberán aplicar una escala progresiva por tramos que van desde 24.000 hasta 150.000 pesos –alcanzables por cualquier productor– y al resultado de estos cálculos le sustraerán el mencionado 5% descontado por las acopiadoras y obtendrán por fin la cifra final a pagar.

Pongamos un ejemplo concreto para que se comprenda mejor cuán alto puede llegar a ser este impuesto: un usufructuario que -después de realizar todos los descuentos permitidos- lleve a la escala progresiva 160.000 pesos, cuando aplique todos los tramos correspondientes y reste luego el 5% que le fue retenido por las empresas, terminará liquidando como impuesto anual por medio de la DJ-12, nada menos que 49.300 pesos (unos 1.970 CUC).

¿Qué hay de las ganancias? Pues para hallarlas debe determinar el total gastado que incluye el 70% de gastos autorizados, más todos los tributos pagados y de este cálculo resulta que el productor gasta el 64% ciento o más del dinero que genera el negocio y obtiene una utilidad anual de solo un 36% o incluso menos.

Con un balance semejante, que se dice fue diseñado para “evitar el aumento de la desigualdad” cuando en realidad lo que persigue es impedir el enriquecimiento, que bien se sabe es el motor impulsor del éxito de toda empresa, ¿quién puede verse motivado a incrementar la producción?

El artículo de Cubanet reveló también que la puesta en vigor del gravamen sobre los ingresos personales hizo que varios dueños de tierras en Pinar del Río amenazaran con no plantar tabaco y otros con devolver los terrenos, pero el gobierno dejó clara la posibilidad de expropiación de las vegas a quienes optaran por no sembrar la hoja, con lo cual se verían privados también de cosechar los alimentos que necesitaban para la subsistencia familiar.

En fin, la fórmula gubernamental resulta una verdadera camisa de fuerza que no parece dejar otra opción a los usufructuarios que producir y acatar la ganancia limitada que se les impone.

Lo que está por verse es cómo este forzar disfrazado de estimular, que por un lado impulsa y por el otro frena, hará que crezca la producción agropecuaria.

Porque si después de años sin este tributo se han logrado apenas algunos discretos resultados positivos, ¿qué crecimiento podrá esperarse cuando el trabajo sea menos retribuido debido a su aplicación?