El Gobierno cubano anunció en 2015 que sacaría en 2017 una Ley de Empresas para dotar a las instituciones estatales de más autonomía y llevar a cabo la "desentralización más radical del país", reordenando "estructuras de gobierno y de la administración empresarial".
El cambio más atrevido será "el rediseño de las estructuras territoriales para asignar mayor protagonismo a las administraciones municipales y a la gestión local del desarrollo", según informa el diario Granma.
La Ley de Empresas no se ha aprobado en todo este tiempo porque para ello el Gobierno cubano necesitaba modificar la Constitución e incluir esta nueva forma de organización en los artículos 26 y 27 del texto que se someterá a referendo el próximo 24 de febrero.
Han pasado cuatro años desde que se anunció la Ley de Empresas (que afectará sólo al sector estatal) y este jueves el diario Granma dio a entender que tras el referendo Constitucional del próximo 24 de febrero, en el que dan por hecho que ganará el sí, saldrá esta norma de rango mayor que busca que las entidades del Estado lleguen a ser eficientes y productivas pese a que no lo han conseguido en 60 años.
En cuanto se apruebe, las empresas estatales tendrán más autonomía y ya no dependerán del Estado ni éste tendrá que responder por las obligaciones que éstas contraigan.
La empresa estatal seguiría siendo la forma fundamental de gestión del modelo económico cubano, que en la Isla continúan defendiendo como "la única capaz de propiciar el verdadero desarrollo del país". Esta idea, dice el Granma, "ha ganado consenso social", aunque no explica a qué se refiere.
Según recoge el rotativo oficialista, esta nueva Ley de Empresa es "fundamental" en un escenario que exige alianzas entre "presuntos antagonistas" como por ejemplo el turismo y la agroindustria.
De aprobarse la Constitución el 24 de febrero, el Gobierno tendrá que cambiar muchas leyes y aprovechará entonces para sacar la Ley de Empresas.
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