Vídeos relacionados:
El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez anunciaron este jueves un nuevo proyecto de ley que busca desconocer marcas comerciales cubanas en Estados Unidos, expropiadas tras la Revolución de Fidel Castro, informó Efe.
El objetivo de la legislación es proteger los derechos de los empresarios a quienes el Gobierno castrista les confiscó sus bienes. Todo ello, a menos que los dueños originales hayan dado explícitamente su consentimiento.
Lo más leído hoy:
"La expropiación de activos por parte del Gobierno cubano es, y será siempre, un delito", defendió en un reciente comunicado Menéndez, quien al igual que Rubio es de origen cubano.
"El régimen comunista cubano se ha beneficiado durante 60 años de propiedades robadas que legítimamente pertenecen a los estadounidenses", agregó, por su parte, el representante republicano de la Florida. "Este proyecto de ley bipartidista garantiza que los tribunales de EE.UU. no reconocerán, impondrán ni validarán de ninguna otra forma los derechos de marcas comerciales de empresas o activos robados por el régimen cubano".
La normativa de Menéndez y Rubio se ha complementado con otra legislación impulsada por los miembros de la Cámara Baja, Debbie Wasserman-Schultz y John Rutherford.
"Me he comprometido firmemente a salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de las compañías estadounidenses para garantizar que las marcas registradas están protegidas contra la expropiación por parte de cualquier Gobierno extranjero", apuntó Wasserman-Schultz al respecto.
Según la agencia de noticias, el anuncio de estas propuestas en el Senado y la Cámara de Representantes llega después de que la administración de Donald Trump decidiera a principios de mes que los cubano-estadounidenses podrán emprender litigios contra más de 200 entidades de la Isla, por beneficiarse de las propiedades que fueron nacionalizadas luego de la década del 60.
La noticia fue dada a conocer el pasado 4 de marzo por el secretario de Estado, Mike Pompeo. El funcionario de la Casa Blanca explicó que el Título III de la ley Helms-Burton, que en la práctica permite desarrollar las demandas ante cortes de Estados Unidos, se mantendrá suspendido durante un mes más.
Sin embargo subrayó una excepción: a partir del 19 de marzo los ciudadanos estadounidenses podrán denunciar a aquellas compañías incluidas en la "lista de restricciones a Cuba".
La "lista negra" incluye las entidades que están "bajo el control o actúan en nombre" de los servicios de inteligencia cubana, las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, según ha afirmado con anterioridad el Departamento de Estado.
La nueva suspensión entrará en vigor este marzo y expirará el próximo 17 de abril, momento en que la Casa Blanca evaluará si es necesario prorrogar la normativa, en base a dos criterios pertinentes: los "intereses nacionales" de Estados Unidos y la posibilidad de acelerar una "transición a la democracia" en Cuba.
Marcas de renombre como, la empresa de bebidas alcohólicas Bacardí -establecida en Bermudas desde 1965- ya han hecho públicas sus intenciones de “buscar justicia” por la confiscación ilegal de sus propiedades en Cuba.
Archivado en: