La reciente activación por parte del gobierno norteamericano del Título III de la ley Helms Burton podría afectar a casi una veintena de hoteles españoles que se encuentran presentes en Cuba, informó El Economista.
La medida, que abre la puerta a demandas en tribunales estadounidenses contra empresas extranjeras que operen en la Isla, podría afectar los intereses de Iberostar, Meliá y H10. Estas tienen 6, 11 y 4 edificaciones respectivamente, todas en régimen de gestión o copropiedad.
Las empresas han mostrado su confianza en que la actual postura de la administración Trump no les afecte, pues en la mayoría de estos negocios en Cuba son solamente administradores.
Meliá, compañía que opera desde hace 30 años en la Isla, expresó en un comunicado que no posee bienes que pudieran ser objeto de reclamación.
“Confirmamos la no propiedad de Meliá de bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación tras su expropiación en la década de 1960, y afirmamos que, de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, nuestro papel sería el de meros gestores hoteleros, con un rol equivalente al del resto de actores de la cadena de valor del negocio turístico”, aclaró.
Por su parte la firma NH descartó cualquier posible perjuicio por la Helms Burton, pues solo opera dos hoteles en régimen de gestión y tampoco ha realizado grandes inversiones. De haber alguna reclamación, iría contra los dueños de los edificios.
En Cuba existen un total de 270 empresas españolas, y las hoteleras son las que tienen una mayor presencia. Cuba es una prioridad para las hoteleras ibéricas, gracias al llamado a la inversión extranjera que realiza La Habana y a la mejora de las relaciones políticas entre ambos países, respaldada por la reciente visita del presidente Pedro Sánchez el pasado noviembre.
Meliá gestiona 39 establecimientos y firmó un acuerdo con el gobierno cubano para renovar las licencias hasta el año 2042, para lo cual ha previsto invertir 350 millones. Le sigue Iberostar, con 14 hoteles y H10, con cuatro. Mientras, Barceló gestiona tres inmuebles gracias a un acuerdo con Gran Caribe, y Globalia y NH, dos cada una.
El gobierno español declaró que "respaldará absolutamente" a sus empresas legalmente establecidas en Cuba, frente a las consecuencias derivadas de la decisión de Estados Unidos de aplicar la Helms-Burton.
Desde el pasado mes de marzo la Cámara de Comercio de España comenzó a coordinar con sus homólogas europeas establecer una postura común contra la aplicación de la citada ley.
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