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La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, quien fue sometida a un registro de la policía en horas tempranas de este miércoles, explicó que las autoridades le impusieron una fianza de 1000 pesos cubanos y la acusaron del delito de “receptación”, tras confiscarle los medios de trabajo.
Según explicó, las autoridades exigieron pruebas de propiedad de varios artículos, como facturas de compra, y le indicaron que podría pagar una multa de 3000 pesos cubanos por la infracción que se le atribuye. La periodista, por su lado, adujo que los había adquirido con sus recursos personales.
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Entre los medios de trabajo que le confiscaron estaban su teléfono móvil y su ordenador. También 2 antenas de televisor y otras 2 computadoras que pertenecían a familiares suyas. Igualmente, le decomisaron un trípode y una memoria externa USB de 16 Gb, obsequio de una amiga.
Uno de los oficiales que la interrogó, el cual se identificaría con el nombre de Alejandro, le advirtió a la reportera que tenía 3 opciones a considerar para este 2020: salir del país definitivamente, dejar de hacer contrarrevolución o ir a prisión. Hernández cuenta que replicó que no abandonaría el país donde había nacido y afirmó que ella estaba haciendo revolución con su trabajo.
Asimismo, la reportera manifestó que le habían llevado durante la pesquisa documentos suyos donde se reflejaban varias denuncias planteadas por ella. De igual forma, amenazaron a su familia y con retirar el dinero ahorrado de su madre en el banco.
En el interrogatorio, le aseguraron que todo lo que se hacía contra ella era personal, al tiempo que recibió ofensas de tipo machista de los hombres que intercambiaron con ella.
Más adelante, advirtieron que, dentro de 2 meses, volverían a revisar la casa donde Hernández vive, por lo cual, tendría que tener todos los papeles de propiedad en orden si no quería meterse en nuevos problemas. Entonces, prometieron que se llevarían todos los equipos que hubiera en la vivienda sin justificación legal.
Finalmente, le entregaron una citación para presentarse a una unidad policial el lunes próximo a las 10 y 30 de la mañana, donde tendría que presentar evidencias de que los artículos confiscados realmente le pertenecen.
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