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Los transportistas privados de La Habana, Mayabeque y Artemisa decidieron continuar la huelga iniciada la semana pasada, hasta que los gobiernos de las tres provincias suspendan o modifiquen las regulaciones que entraron en vigor el primero de febrero, que entre otras disposiciones, los obliga a bajar el costo del pasaje.
Un 'botero' que brindó su testimonio a CiberCuba reveló que los taxistas que deben circular desde Santiago de las Vegas a Bejucal hace una semana que no salen a trabajar “porque les bajaron el precio a siete pesos, de 10 que cobran. Las camionetas de San Antonio de los Baños también pararon hace una semana porque se los bajaron a cinco pesos”.
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“Otro problema es que no hay petróleo y hay muy pocos carros trabajando también por eso. Y los pocos que hay, cortan la carrera, porque con los precios topados no da resultado hacer viajes largos”, precisó.
Esteban Hernández González, coordinador para la región occidental de la Coalición de Cuentapropistas de Cuba, explicó a Martí Noticias que los choferes particulares han planteado sus exigencias a los organismos correspondientes, entre ellas, poner fin a los precios topados, poder recoger pasajeros en todo el país –incluidas las zonas turísticas–, y que exista una sola licencia operativa para laborar.
“Cerca del 70 u 80 por ciento no está trabajando para tratar de lograr que el gobierno se siente a negociar, a buscar una alternativa. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta a las demandas”, detalló.
“La posición de las autoridades ha sido la de dejar hacer: no hay inspectores prácticamente hoy en las calles y la policía no está parando los carros, como al principio lo hicieron, porque saben que la situación se va de su control”, añadió.
Esta disminución de la represión contra los transportistas ha sido bien recibida por el sector que, apenas tres días después de la entrada en vigor del tope de precios, sufrió la imposición de 19 multas por un valor total superior a 35 000 pesos y la retirada de 25 licencias operativas a transportistas de La Habana.
Según dijo entonces al diario oficialista Juventud Rebelde José Conesa González, titular de la Dirección General de Transporte de la capital cubana, las sanciones aplicadas fueron por violaciones de precios, actividad económica ilícita, exceso de personas y acortamiento de los tramos, entre otras causas.
Pero en opinión de Hernández González, al final el gobierno tendrá que escuchar los reclamos de los cuentapropistas, quienes se encargan del 80 por ciento del traslado de la población.
“Si usted recorre los puntos de control de la capital con las provincias, se da cuenta de la concentración de población que hay. Más del 80 por ciento de esa demanda de transporte se cubría sobre la base del transporte privado. El Ministerio de Transporte no tiene capacidad para eso. No hay equipos, no hay medios”, recalcó.
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